Las acusaciones contra el ciclista Lucho Herrera reabren las heridas de las familias de cuatro campesinos asesinados: “Necesitamos una verdad completa”

José Rodríguez lleva 23 años rezando todas las noches por sus dos hijos desaparecidos. Solo sabe que unos hombres, ataviados con distintivos de inteligencia del Estado, se los llevaron en 2002 de su casa en la zona rural de Fusagasugá, a 40 kilómetros de Bogotá, y que nunca los regresaron. A sus 96 años, pasa sus días frente a un televisor, escuchando oraciones en un canal católico de televisión. Permanece ajeno a las informaciones que conmocionaron a su familia y a gran parte de Colombia. No sabe que unos paramilitares mataron a Víctor y José del Carmen y luego descuartizaron sus cuerpos. Tampoco sabe que Lucho Herrera, antiguo vecino y uno de los mayores ídolos del ciclismo colombiano, ha sido acusado por dos de los antiguos paramilitares de ser el autor intelectual del crimen. Su familia habla entre murmullos para que no se entere.

“Uno siente que lo está engañando, y que él tiene derecho a saber”, reconoce Pastor Rodríguez, hijo de José. El problema, explica este profesor de 51 años, es que la familia enfrenta nuevas preguntas que producen angustia: ¿Estuvo implicado el ídolo del ciclismo? ¿Por qué hubiera querido deshacerse de los dos hermanos? ¿Dónde están los cuerpos? En un contexto en el que las únicas pistas sobre el papel de Lucho son unos señalamientos de los que no se conocen pruebas, parece innecesario reabrirle viejas heridas a un hombre mayor. “Tenemos una verdad muy a medias que no le sirve. Necesitamos contarle una verdad que le permita morirse en paz, y esta no es. Es apenas un pedacito”, subraya Pastor.

Los señalamientos figuran en un documento que la justicia expidió a principios de abril. Es una sentencia condenatoria contra Luis Gómez, un antiguo jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Allí se detalla que el exparamilitar itió su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro campesinos en la tarde del 23 de octubre de 2002. Las víctimas eran Gonzalo Guerrero, Diuviseldo Torres, Víctor Rodríguez y José del Carmen Rodríguez. Con su relato de los hechos y el de dos colaboradores, la justicia concluye: “[Los campesinos] fueron retenidos por el grupo de autodefensas que se hicieron pasar por agentes del DAS y de manera forzada fueron obligados a abordar un vehículo para luego ser ultimados, sus cuerpos desmembrados y arrojados en una fosa clandestina”.

Dos de los relatos mencionan a Herrera, conocido afectuosamente como El Jardinerito de Fusagasugá y ganador de la Vuelta a España de 1987. Gómez señala que el ciclista, propietario de extensas fincas, le pidió que se ocupara de los campesinos y le dio 40 millones de pesos (unos 14.000 dólares al cambio de la época) para conseguir armas y motocicletas. La razón, dice el antiguo paramilitar, era que Herrera creía que sus vecinos eran colaboradores de la guerrilla y que lo iban a secuestrar, como le había ocurrido en el 2000. “Luego se supo que no eran de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger”, afirma. Otro participante, Héctor Díaz, declara que a él le contaron que Herrera y su hermano acusaban a las víctimas de robarles ganado, ser de las FARC y amenazarlos.

En la sentencia, el juzgado pide a la Fiscalía que indague las acusaciones contra el ciclista. Él, por su parte, las ha negado. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”, se lee en un comunicado público. Asimismo, manifestó su “voluntad indeclinable” de colaborar con la investigación y recordó que a lo largo de su vida ha sido “víctima de extorsiones, amenazas y secuestros”. Unos días después, apareció en una manifestación que un colectivo de víctimas del conflicto hizo frente a una estatua que inmortaliza sus glorias deportivas en Fusagasugá. “Yo no soy responsable de nada, no conozco a nadie”, les dijo a los participantes.

23 años de espera

A unos minutos a pie de la casa de José Rodríguez, cuesta abajo por una calle de tierra, se encuentran otros tres sitios relevantes en el caso: la finca en la que los paramilitares dicen haber negociado el plan con Herrera, la casa en la que secuestraron a Gonzalo Guerrero y el pequeño lote del que se llevaron a Diuviseldo Torres. Allí, a sus 83 años, aún vive Hermencia Vega. Cuenta que esperó el regreso de su hijo durante más de dos décadas. “Pensaba que llegaría en cualquier momento. Hay gente a la que se la llevan y que regresa a los 20 o 30 años”, comenta.

Las autoridades nunca le dijeron mayor cosa, cuenta, y los vecinos solo la confundieron: le contaban que habían visto a Diuviseldo en un sitio o en otro, vivo en algunas ocasiones y muerto en otras, pero nunca resultaba ser él. Ahora sabe, con certeza, que fue asesinado. “Perdí la ilusión con esos papeles [señala la sentencia]”, dice. Sus hijos le leyeron partes del fallo porque “tarde o temprano se iba a enterar”. Omitieron, eso sí, que los paramilitares mataron a su hijo a machetazos y lo desmembraron. Para ella, que no sabe leer, es suficiente. “Me da temor que me lean cómo lo mataron”, señala.

Andrés Rodríguez, nieto de Hermencia y sobrino de Diuviseldo, es quien le contó a los medios de comunicación que la sentencia mencionaba a Lucho Herrera. Cuenta que al principio tenía dudas de hacerlo por temor a las represalias: el antiguo vecino es el ídolo del pueblo y del ciclismo colombiano, además de un acaudalado empresario. Pero su esposa, Yeni Núñez, lo convenció a él y al resto de la familia de que debían hacerlo público. Para ella, es necesario “esclarecer todo” y presionar a la justicia para que dé más respuestas. “Quiero que al menos les den los huesitos de Diuviseldo. Ellos tienen que tener la tranquilidad de que lo encontraron y darle cristiana sepultura”, explica.

Las críticas no han tardado en llegar. Andrés y Yeni han visto mensajes en redes sociales que aseguran que las víctimas robaban ganado y que estos delitos cesaron tras los asesinatos. Un vecino incluso se los dijo de frente, en persona. Andrés, que vivía con su tío en la casa de Hermencia al momento del secuestro, responde que Diuviseldo nunca llegó con nada de valor y que trabajaba todo el día en cosechas de tomates, habichuelas y arvejas en los alrededores. Enfatiza que, en todo caso, cualquier hipotético robo no puede justificar las desapariciones. “El orden de las cosas no es la justicia por mano propia”, dice. “Nosotros preferimos visitar a Diuviseldo en una cárcel en vez de pasar 23 años sin siquiera saber por qué lo mataron”.

El vecino

Las menciones a Lucho Herrera han sorprendido a la familia de Diuviseldo. Andrés recuerda que, de niño, solía acompañar a su mamá a ordeñar las vacas lecheras de la finca en la que el ciclista vivía con sus padres. Esther Herrera le daba, a primera hora de la mañana, “unas arepas deliciosas” y lo dejaba ver la enorme colección de trofeos del ídolo. Algo similar recuerda Otilia Torres, la mamá de Andrés: “Yo ordeñaba en la finca, me llevaba con doña Esther (...). La gente sentía iración de que trabajáramos con Lucho”.

Hermencia descarta que el ciclista tenga algo que ver. Le parece absurdo que quisiera el lote en el que vive, como sugirió Gómez en su confesión. “Dicen que puede tener cualquier cantidad de fincas. ¿Un señor con tantas hectáreas va a hacer esto por este lote?”, comenta Hermencia en referencia a su casa, que apenas tiene espacio para un corral de gallinas ponedoras. La hipótesis de que Herrera señalara a su hijo de guerrillero o ladrón le parece aún más descabellada: “Él no estaba en nada. Solo trabajaba”. Andrés, en tanto, se permite dudar más. “No podemos decir que Lucho tiene algo que ver, eso debe determinarlo la justicia. Pero queremos que se investigue”, subraya.

Los familiares de los hermanos Rodríguez, en tanto, mantuvieron el silencio en un principio. Después designaron a Pastor como vocero. “Uno se pregunta: ¿Darle visibilidad al tema puede afectar nuestra seguridad? Surgen miedos y eso hace que uno no sepa qué hacer para actuar correctamente”, explica. Ahora, al igual que la familia de Diuviseldo, pide que la justicia continúe la investigación hasta dar con los autores intelectuales y las motivaciones del crimen. En su caso, cree que “es una posibilidad” que a sus hermanos los hayan “estigmatizado como guerrilleros” sin serlo, al igual que a miles campesinos en la historia de Colombia. “Se buscaba vender la idea de que se estaba exterminando a la guerrilla, de que el paramilitarismo estaba protegiendo a la población”, explica.

Pastor señala que su familia necesita respuestas. Cuenta que la sentencia contra Gómez no es suficiente para la hija de su hermano Víctor, que no había nacido cuando ocurrió el asesinato. “Ella aún tiene la esperanza de conocer a su papá. Dice que de pronto los paramilitares mintieron para lograr una rebaja de penas. Pero guardar esperanzas no nos genera ningún beneficio. Es importante un proceso que nos permita sanar, perdonar, y entender”. Enfatiza que hay que encontrar los restos, “así sea una calaverita o un hueso”. “Si podemos decirle a mi papá que aquí están [los cuerpos] y que vamos a darles cristiana sepultura, podemos cerrar un poco la herida”.