Una trama de abusos sexuales de un profesor en un jardín infantil de Bogotá mantiene en vilo a decenas de familias: “Nuestros niños estaban con el diablo y no lo sabíamos”

“21 niños estaban a cargo de un monstruo y aquí nadie hizo nada”, gritaban este lunes las familias de varios menores de dos y tres años, frente al Hogar Infantil Canadá sede F, en el populoso sur de Bogotá. Sus hijos estaban al cuidado de Freddy Arley Castellanos, a quien señalan de haber abusado sexualmente de varios de ellos en el centro educativo que le prestaba servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal encargada de proteger los derechos de los menores de edad en Colombia. La Fiscalía ha capturado a Castellanos en la mañana de este martes, y ha anunciado que le imputará ante un juez los delitos de acto sexual abusivo y carnal abusivo en menor de 14 años, entre otros cargos.

“Tengo miedo. No quiero ir al jardín”, recuerda Paula Narváez que le decía su hijo de tres años después de señalar, entre balbuceos y gestos infantiles, que había sufrido tocamientos indebidos. La suya es una de las familias que han denunciado formalmente a Castellanos, un hombre en apariencia joven cuyo retrato circula junto a la palabra “pedófilo”, ante la Fiscalía. Las víctimas dicen que esperan que el profesor que atemorizó a sus pequeños, a los que el mundo aún llamaría bebés, reciba el mayor de los castigos posibles.

Camila y David* fueron los primeros que alertaron a las autoridades sobre los presuntos abusos sexuales sufridos por su pequeña de tres años la semana pasada. “Estábamos jugando con ella y nos dijo que el profesor le daba besos”, señala la madre de 25 años mientras se toca los labios, describiendo la forma gráfica en la que su hija le explicó lo ocurrido. Después la niña dio más detalles de los acercamientos íntimos. La revelación sumió a la joven pareja en una pesadilla inenarrable. “El Instituto de Medicina Legal nos confirmó lo que pasó”, comenta Camila a modo de súplica religiosa y con una angustia evidente. Su compañero le sostiene los brazos para ayudarla a volver a respirar con normalidad. La madre se aprieta el vientre, delatando un dolor solo identificable por las familias de otros niños que también detallaron violaciones. Su denuncia, a mediados de la semana pasada, fue la primera pieza de un dominó que hoy consterna a la comunidad del barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal.

La pareja le dio aviso a los demás padres de familia de lo ocurrido con su niña. Tras la alerta, varios empezaron a indagar sobre posibles abusos cometidos a sus hijos. Paula Narváez recordó entonces las peticiones repetitivas de su hijo para no asistir al jardín y sus cambios repentinos de comportamiento. “Cuando le pregunté qué le pasaba, me empezó a señalar las cosas que le hacía este diablo”, comenta la madre de tres hijos sentada frente a la fachada del Hospital Pediátrico La Misericordia. Una decena de familias se han dirigido a ese centro médico desde finales de la semana pasada para que sus hijos, quienes tuvieron o con Castellanos, sean evaluados por profesionales de la salud. Su deseo es descartar posibles abusos y enfermedades; su temor es confirmarlos.

Todos son madres y padres que luchan por sacar adelante a sus hijos en una zona marcada por la pobreza. “Mi mamá y yo no podíamos dejar de trabajar. Teníamos que dejar al niño en el jardín todos los días, sin saber lo que le pasaba”, relata Evelyn, la hija mayor de Paula Narváez, con la ira de una hermana que ejerce el rol de una segunda madre. “Nuestros niños estaban con el diablo y no lo sabíamos. Maldito. Maldito. Maldito”, ruge Narváez con la cabeza entre ambas manos. Interrumpe su desconsuelo con llamadas por teléfono. Las madres y los padres de los niños han tejido una red de apoyo en la que circulan sus propias investigaciones y conjeturas. Comparten comunicados de las autoridades, indagan sobre el pasado de Castellanos, se valen de cualquier rastro para presionar por la justicia que sus hijos no pueden pedir para sí mismos.

Ante la claridad y contundencia de las denuncias, el pasado domingo el ICBF anunció que había ordenado el cierre temporal del jardín que atendía a cerca de 110 niños. La entidad, que subcontrata parte de sus servicios en organizaciones sociales, pidió sanciones rápidas en contra del agresor. “El instituto ha solicitado a la Fiscalía la celeridad en la investigación abierta para la pronta captura del denunciado como medida preventiva”. Por su parte, la Asociación Parque El Canadá, que operaba el jardín, ha rechazado los hechos y ha dicho que se “solidariza con las posibles víctimas”. La cantidad precisa de los afectados por estos actos todavía se desconoce.

Mientras varios familiares esperan en una sala de urgencias pediátricas, otros padres gritan, lloran y alegan en las puertas del jardín. Dicen que las víctimas ascienden a siete niños y que Castellanos contagió con VIH a dos de ellos. El número preciso de víctimas no se conoce y muchos padres están llevando a los niños a evaluaciones médicas para descartar abusos. Todos los papás tienen miedo de que sus hijos sean posibles víctimas. Según ellos, él no solo tenía o con los niños de su salón, sino con los de otros grupos durante los recreos y el almuerzo.

En el jardín, nadie entra ni sale a enfrentar a las familias. Algunos sostienen carteles con la foto del profesor y se plantan determinados a no abandonar el lugar sin respuestas de las directivas. A su alrededor, la policía acordona la calle y funcionarios de la Alcaldía vigilan la manifestación. Nadie se atreve a callar a las madres, padres, abuelas, hermanos, y vecinos perplejos. Los dibujos infantiles de la fachada del jardín se van ocultando progresivamente tras carteleras que reclaman justicia. La tarde avanza y algunos almuerzan en las escaleras de la entrada. En una esquina y en busca de sosiego, Camila seca sus lágrimas en soledad. Nunca supo realmente quién cuidaba de su hija. “Ese tipo nunca dio la cara. Siempre le agachaba a uno la cabeza”, dice sobre Castellanos.