La CIDH alerta de que América afronta “una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos”

El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, el brazo defensor de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos) no suele ser una lectura que induzca al optimismo. El correspondiente a 2024, presentado este jueves en la sede del organismo en Washington, aún menos. Constata problemas desde la reducción del espacio cívico, el aumento de los discursos de odio o, en países concretos, las irregularidades en el proceso electoral de Venezuela o la situación carcelaria en El Salvador. Unos problemas a los que ahora se añade el retroceso de EE UU en el trato a los migrantes o a las minorías. “Estamos viviendo una de las épocas de mayores retrocesos para los derechos humanos. Sobre todo, porque no advertimos que el sistema internacional esté lo suficientemente fuerte para dar estas peleas”, opina la vicepresidenta primera de la CIDH, la abogada argentina Andrea Pochak.

Entre los datos más preocupantes, considera esta abogada argentina con más de treinta años de experiencia en materia de derechos humanos, está el hecho de que estos retrocesos “no vienen de dictaduras o a partir de golpes de Estado. En muchos casos son promovidos por gobiernos elegidos democráticamente”. Los casos están ahí: El Salvador, pero también Perú. O el propio Estados Unidos.

A ello se une, en opinión de Pochak, el “ataque a los espacios de multilateralismo para estas discusiones, que debilita aún más la posibilidad de que los organismos internacionales de derechos humanos puedan desempeñar bien su trabajo. Así que hay una tendencia muy regresiva en materia de derechos humanos, y al mismo tiempo una tendencia a atacar y denigrar los espacios multilaterales para este tipo de debates. Este debilitamiento del Derecho Internacional es muy preocupante. Pero es el momento de dar la pelea también”.

“Este es un momento para defender los principios mínimos como la igualdad, para confiar también en que las sociedades tienen que reaccionar. Tienen que saber priorizar también la agenda de derechos humanos en el momento de votar”, insta la representante de la CIDH.

El informe compilado por el equipo del organismo de derechos humanos expone la situación a lo largo de 1.280 páginas. Entre las tendencias generales que detecta, que incluyen una “tendencia generalizada a la reducción del espacio cívico” y el ejercicio de la libertad de expresión, apunta que “se registraron serios desafíos al principio de separación de poderes, uno de los elementos esenciales de la democracia representativa”, y una serie de acciones promovidas por grupos de poder dentro y fuera del Estado para “debilitar la independencia judicial”. También detecta “un creciente cuestionamiento” entre una parte de la población sobre las instituciones democráticas, y un “incremento de la polarización” entre las ciudadanías del continente. Ambos factores, recuerda la CIDH, generan una pérdida de la confianza de los votantes en las instituciones y un campo de cultivo para que surjan distintas formas de violencia política.

Respecto a los flujos migratorios, la Comisión Interamericana detecta “un panorama preocupante” para 2025. Las autoridades, denuncia, emplean discursos y otras políticas estigmatizasteis, en las que se describe a los migrantes como seres que atentan contra la seguridad nacional o perjudican económicamente a los países de tránsito o destino. “Ese o viene acompañado de amenazas de detención y deportación masiva”, algo que afecta gravemente a los migrantes o solicitantes de asilo. “Asimismo, la CIDH notó retrocesos caracterizados por la implementación de políticas migratorias restrictivas dirigidas a contener los desplazamientos de personas y limitar el a procedimientos de protección”, apostilla el documento.

Muchos de estos problemas se han detectado en Estados Unidos, la primera potencia mundial y referente para algunos gobiernos de la región. Es una tendencia que ha ido a más tras el regreso al poder de Donald Trump, si bien el informe no llega a tiempo a incorporarlo. Aunque el país norteamericano siempre ha arrastrado problemas de derechos humanos supervisados por la CIDH, desde el racismo estructural a la violencia de las fuerzas de seguridad, ahora se suman sus drásticas políticas migratorias de deportaciones masivas, que han visto la expulsión de migrantes venezolanos a cárceles de El Salvador, sin haber llevado sus casos a juicio, después de que se les aplicara una ley de más de dos siglos de antigüedad para considerarles enemigos extranjeros.

“Los países tienen la posibilidad y tienen la atribución de definir sus políticas migratorias. Pero sin estas políticas migratorias no pueden ser contrarias a los principios básicos de derechos humanos. Cuando un país decide expulsar a una persona de su país por una razón migratoria, tiene que, de todas maneras, tomar una decisión fundada y justificar esa decisión. Y lo que vemos en el caso de Estados Unidos son expulsiones masivas que no analizan las situaciones particulares”, expresa la representante de la CIDH.

“Estamos viendo que hay personas que tienen la documentación migratoria al día y, sin embargo, son expulsadas. Hay personas que están con estatus de refugiado en Estados Unidos y, sin embargo, son expulsadas. Hay personas que son expulsadas a sus países a pesar de no poder regresar por tener riesgo de que su vida y su integridad corran peligro…Esto es todo contrario a los compromisos de derechos humanos”, sentencia. Pochak también matiza que los países que reciben a migrantes deportados por EE UU que no son nacionales suyos “también están obligados a respetar los derechos humanos de esas personas, no se pueden desentender de ellos”.

Pero entre los motivos de preocupación que genera ahora EE UU se añaden también, recuerda la vicepresidenta del organismo interamericano, “atropellos a la libertad de expresión y a la libertad académica, que son algo bastante novedosos en la realidad democrática de Estados Unidos, o incluso a la independencia judicial”.

Lo que ocurre en EE UU, matiza, no es exclusivo de ese país, sino que se enmarca en una tendencia mundial. “Pero lo que pasa allí también tiene impacto en otros países, y eso es algo muy preocupante”, reconoce la representante del organismo de derechos humanos.

Ese país, que ha recortado drásticamente sus fondos a la ayuda exterior desde el regreso de Trump, mantiene sus aportaciones al organismo interamericano. Pero ahora recurre a una prerrogativa de los gobiernos donantes, de la que no había hecho uso en el pasado, para imponer vetos sobre el destino de su dinero: sus fondos no podrán emplearse, por ejemplo, para la defensa de la igualdad, la inclusión y la diversidad. “De todas maneras la comisión interamericana tiene la autonomía suficiente y tiene los recursos suficientes para poder seguir trabajando esas temáticas con otros fondos, de manera que vamos a seguir levantando las banderas de la igualdad, de la diversidad género, de la identidad sexual, de la no discriminación”, tranquiliza Pochak.

La vicepresidenta argentina de la comisión, que por las normas internas no puede hablar sobre su propio país, también enumera los casos de El Salvador o Perú entre los que suscitan una preocupación más intensa en la CIDH, además de los de Cuba, Venezuela y Nicaragua -a los que el informe dedica un capítulo especial, el 4B, como situaciones especialmente preocupantes en cuanto al deterioro de su situación de derechos humanos.

En el caso de El Salvador, “especialmente por la política de seguridad y el estado de excepción que tenía desde hace tanto tiempo y que ha permitido la detención masiva de personas sin orden judicial, entre numerosas denuncias de condiciones muy malas de detención”, señala la abogada argentina. La situación de los deportados desde Estados Unidos, de los que no se han recibido datos desde su ingreso en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha venido a intensificar aún más la desazón.

Sobre Perú, la alto cargo señala que forma parte de un grupo de países que, tras haber registrado avances graduales en su respeto de los derechos humanos después de años de gran debilidad, vuelven a dar señales preocupantes de regresión.

Un país que hasta el año pasado figuró en ese capítulo dedicado a los Estados de especial preocupación ya no aparece en él en la edición de este año: Guatemala, a raíz de la apertura por el nuevo cambio de Gobierno. Pero, matiza Pochak, esa nación, a la que la CIDH visitó oficialmente en 2024, sigue siendo “un tema de enorme preocupación” por cuestiones como su uso arbitrario de la justicia penal para “hostigar y criminalizar defensores de los derechos humanos, líderes indígenas, referentes sociales, políticos..”.

En el lado positivo de la balanza -o, al menos, con un panorama más mixto- se encuentran países como Colombia o México, un “faro” en lo relativo a las políticas de igualdad de género y políticas sociales de integración social y para los pueblos indígenas, que “sin embargo sigue teniendo un problema muy serio en materia de violencia, de crimen organizado y desaparición de personas”. En el caso de Colombia, ha habido “una apertura importante este año”, tras haber recibido una visita de la Comisión, y ha “tenido avances importantes en muchas políticas vinculadas con la justicia”, explica Pochak, que recuerda que la CIDH hace un seguimiento del acuerdo de paz y la violencia que persiste en la nación andina.