El procurador general de Argentina pide 12 años de cárcel contra Cristina Kirchner por corrupción

El rechazo del Senado a la Ley de “ficha limpia” que buscaba prohibir las candidaturas a aquellos condenados en segunda instancia por corrupción dejó abierta la puerta para que Cristina Kirchner compita en las elecciones legislativas de este año en Argentina. Su suerte judicial y política está ahora en manos de la Corte Suprema de Argentina, que tiene la última palabra —sin un plazo máximo para expedirse— sobre la causa por corrupción por la que la expresidenta recibió una condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este jueves, el procurador general de Argentina, Eduardo Casal, envió a la Corte su dictamen, en el que solicita que se eleve la pena hasta los 12 años de prisión. Según Casal, los magistrados deben sumar la figura de asociación ilícita que fue desestimada por tribunales inferiores, lo que duplicaría la pena recibida.

El procurador respaldó la apelación del fiscal general de Casación, Mario Villar, que también había solicitado al máximo tribunal que agregue el cargo de asociación ilícita. Según Casal, las irregularidades detectadas en medio centenar de obras públicas muestran que se realizaron adjudicaciones fraudulentas como parte “de un esquema comprobado de corrupción”.

La Corte Suprema debe expedirse sobre la llamada Causa Vialidad. En diciembre de 2022, un tribunal federal condenó a Kirchner por considerar que la expresidenta mantuvo durante su Gobierno (2007-2015) “vínculos promiscuos y corruptos” con un empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica que es cuna de su movimiento político. Los jueces la declararon culpable de beneficiar con 51 contratos millonarios a Lázaro Báez. El empresario, a su vez, retribuía “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios espurios con “las empresas familiares de la expresidenta”.

El cálculo judicial del desfalco ascendió a 84.800 millones de pesos, unos 74 millones de dólares al tipo de cambio actual. Báez se quedó con nueve de cada diez licitaciones viales en Santa Cruz, la mitad de las cuales dejó sin terminar pese a haberlas cobrado. Para los jueces, la relación comercial entre Kirchner y el empresario fue tan estable que “abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”, si se cuenta el Gobierno previo de su marido, Néstor Kirchner, iniciado en 2003.

El año pasado, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena a seis años de cárcel contra la expresidenta y volvió a descartar la existencia de una asociación ilícita. Según los jueces, las 51 irregularidades detectadas constituyeron un único hecho de corrupción.

“Efectivamente, que la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”, señaló el procurador general para intentar rebatir el argumento usado por los tribunales inferiores. Su dictamen no es vinculante.

La Corte debe resolver si deja firme la condena contra Cristina Kirchner o si acepta el planteo de Casal y le encarga a la Cámara de Casación un nuevo fallo, que podría duplicar la pena y ratificar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El máximo tribunal argentino no tiene plazos para pronunciarse y puede tardar años en emitir sentencia, más aún en la situación actual, en la que funciona con sólo tres de sus cinco integrantes. Antes de dar su veredicto, los magistrados deben resolver el pedido de recusación de la expresdenta contra uno de los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por supuesta falta de “imparcialidad, independencia e integridad”.

Si la Corte deja firme su condena, Kirchner, de 72 años, podría cumplir la pena en su domicilio, conforme a los beneficios previstos por la ley penal argentina. Sin embargo, si se presenta como candidata a legisladora este año y resulta elegida, Kirchner gozaría de fueros que impedirían que cumpliese la pena impuesta.