Una de cada tres empresas españolas alerta de la falta de mano de obra cualificada

El 35% de las empresas españolas identifica la falta de personal con formación adecuada como el principal freno al desarrollo de su actividad, según revelan las últimas encuestas empresariales del Banco Mundial, basadas en 1.431 sondeos a compañías de todo el territorio nacional. El estudio, presentado este lunes en la sede de la Cámara de Comercio de España, forma parte del programa Enterprise Surveys, que evalúa periódicamente la situación en decenas de países a través de consultas a empresarios y altos directivos. La preocupación por la mano de obra cualificada supera con creces a otros obstáculos como la normativa laboral (18%) o la fiscalidad (16%), que también figuran entre los principales retos.

Estas barreras suelen ser habituales en las principales economías analizadas. Sin embargo, ha explicado Jorge Rodríguez Meza, jefe de la Unidad de Análisis Empresarial del Banco Mundial, en España se repiten de forma transversal en compañías de todos los tamaños.

La percepción de una falta de mano de obra preparada es especialmente crítica entre las grandes compañías: el 41% lo considera el problema más relevante para su actividad. Ese porcentaje desciende hasta el 36% entre las empresas medianas, y al 33% en el caso de las firmas de menor tamaño.

En términos generales, a los empresarios y directivos también les preocupan el a la financiación, la inestabilidad política y las licencias y permisos para poder desarrollar su actividad. Las barreras arancelarias, que actualmente se erigen como uno de los grandes riesgos económicos tras la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aparecen como un apartado propio en esta lista de amenazas, que se circunscribe al año 2024.

Las cifras que pone sobre la mesa la encuesta sugieren que, si la ofensiva arancelaria va a más, las empresas españolas podrían sufrir las consecuencias y perder dinamismo en una actividad que, por el momento, funciona mejor que en los países del entorno. Las compañías necesitan 4,4 días para despachar sus exportaciones directas en aduanas, frente a los 5,8 días que se registran en los países de altos ingresos. Además, casi un 22% de las compañías exportan directamente al menos el 10% de su producción, frente al 17,7% de media en las economías avanzadas.

A pesar de las dificultades que reconocen los encuestados, el tejido empresarial español muestra un dinamismo notable. El crecimiento real anual de las ventas se sitúa en el 3,9%, mientras que el empleo ha aumentado a un ritmo del 5,6%, cifras superiores al promedio regional de Europa y Asia Central. Estos resultados apuntan a un entorno empresarial que, aunque enfrenta barreras estructurales, sigue generando actividad y empleo.

Uno de los aspectos más positivos que muestra la encuesta es el alto nivel de formalidad y baja corrupción en el ámbito empresarial. El 94,6% de las empresas estaban registradas legalmente desde su inicio y apenas un 0,4% ha denunciado haber recibido algún tipo de soborno o coacción. Esto posiciona a España muy por encima de la media regional en términos de integridad institucional y transparencia istrativa, según resalta el Banco Mundial.

En cuanto al a financiación, el panorama es mixto. La mayoría de las empresas tienen cuenta corriente (98%), pero solo un 40% recurren a préstamos bancarios para financiar sus inversiones. La mayoría continúa dependiendo de fondos propios (67%), lo que refleja un mercado financiero que, si bien está desarrollado, aún no es plenamente accesible para todos los segmentos. Además, solo un 27% usa crédito de proveedores para capital circulante, lo que limita las opciones de liquidez operativa.

Respecto a la infraestructura, el informe constata que los cortes eléctricos son muy poco frecuentes (0,3 al mes en promedio), pero existen importantes demoras en la conexión a servicios básicos. Por ejemplo, obtener una conexión eléctrica puede tardar hasta 58 días, y los permisos de construcción requieren en promedio 84 días de trámites, una cifra muy por encima de la media en países con ingresos similares. Estas demoras suponen costes adicionales y desincentivos para la inversión.

La economía sumergida, sin embargo, continúa siendo un factor de distorsión. Un 26,3% de los encuestados afirma que compite con empresas informales, lo que genera una competencia desleal y presiona a la baja los márgenes de aquellas legalmente constituidas.