Trump torpedea a la élite universitaria de EE UU

La dotación o fondo de reserva patrimonial de cada una de las ocho universidades que componen la prestigiosa Ivy League estadounidense bastaría para solucionar los problemas económicos de decenas de países. La de la Universidad de Harvard, en Cambridge (Massachusetts), la más rica, se eleva, por ejemplo, a 53.000 millones de dólares, la suma del PIB de Islandia, Madagascar y Aruba, y una cantidad superior al de más de 120 naciones, entre ellas Túnez o Baréin. Con la dotación de Yale (41.400 millones) se podrían construir más de 102 casas de precio promedio en EE UU, unos 403.000 dólares; mientras que la de Pensilvania, el alma mater del presidente Donald Trump, de 22.300 millones, equivale a 103 veces los ingresos de Cristiano Ronaldo en la temporada 2024. Los cálculos corresponden a la cadena CNN, que se preguntaba recientemente, como muchos de sus espectadores, por qué si las ocho universidades más prestigiosas del país tienen tanto dinero, dependen tanto de la financiación federal (subvenciones plurianuales a programas de investigación y contratos).

Una de las posibles respuestas es porque la mayoría solo gasta un 5% de su dotación cada año, en cálculos de CNBC sobre datos de 2019, e invierten el resto para aumentar más el fondo de reserva, lo que multiplica el interés de inversores, pero también de activistas. Los defensores de la causa palestina exigieron el año pasado que Columbia desinvirtiera de empresas vinculadas a Israel; anteriormente, se pidió a otras que retiraran sus inversiones en empresas de combustibles fósiles o prisiones privadas. En el curso académico 2017-2018, las universidades estadounidenses recaudaron 47.000 millones de dólares. Ese año, el capital social de Harvard equivalía prácticamente al valor total de Facebook, o casi dos veces el de Coca-Cola.

Solo en el año fiscal 2023, el Gobierno federal destinó unos 60.000 millones de dólares a universidades de los 50 Estados, financiando investigaciones sobre el cáncer, el Alzheimer o los haces de isótopos raros, entre otros temas. Los fondos llegaron a pequeñas universidades, pero también a grandes instituciones de investigación públicas y privadas, como Georgia Tech y la Johns Hopkins. Por lo general, los fondos federales para investigación y desarrollo se destinan a lugares más poblados que albergan varias universidades importantes, como Chicago, Los Ángeles y las grandes ciudades de la Costa Este.

Por eso las actuales amenazas del Gobierno de Trump a las universidades, que serán privadas de fondos públicos si no acceden a las demandas de la istración —la erradicación del supuesto antisemitismo en los campus y la cancelación de sus políticas de diversidad e inclusión—, han suscitado un debate sobre la financiación, que muchos creen, erróneamente, procede sobre todo de las matrículas que pagan los alumnos (de hasta 80.000 dólares al año). Las ocho grandes universidades estadounidenses son también grandes corporaciones, con inversiones, intereses y activos que sus gestores —independientes de los responsables académicos— colocan o arriesgan en función, por ejemplo, de las condiciones impuestas por los donantes.

Precisamente, el hecho de que no gasten lo suficiente de sus dotaciones les ha puesto una diana en la espalda: deberían gastar más, pero no podrían investi­gar al nivel actual —es decir, el que desarrollan gracias a la financiación federal— solo con las dotaciones. De ahí que la retirada de fondos de la istración —de 2.200 millones a Harvard y ampliada esta semana en 450 millones más o 400 millones a Columbia, entre las ocho Ivies— suponga un serio revés para una de las funciones más importantes de las universidades: la investigación, incluido el mantenimiento de hospitales universitarios de los que dependen ciudades enteras, como Boston, vecina a Harvard.

Aunque la mayoría de los estadounidenses crean que las costosas matrículas son los únicos ingresos de las universidades, la gestión de hospitales y clínicas o la financiación de costosos programas de investigación biomédica atraen abundantes flujos de dinero público. Las dotaciones no son huchas. Harvard, que ha demandado a la istración de Trump por la congelación de fondos, estima que alrededor del 80% de la suya se destina a ayuda financiera a estudiantes, becas, cátedras y otros programas, y con el dinero restante no lograría financiar ni la mitad de sus investigaciones. Sobre gran parte de las dotaciones pesa lo que se denomina restricciones del donante, según las cuales es el contribuyente quien indica en qué gastar su dinero, lo cual impide el desvío de fondos para tapar agujeros en los programas congelados. Muy pocas reciben donaciones sin restricciones de uso.

La presión de los donantes judíos, que amenazaron con retirar su dinero cuando empezaron las protestas contra la guerra de Gaza en los campus, provocó una oleada de dimisiones de rectoras de las universidades de Pensilvania, Harvard y Columbia (dos, la titular y la interina). Con Trump en el poder, se ha redoblado la presión para que las instituciones capitulen ante sus demandas, además de abdicar de toda orientación woke en sus programas. Las consecuencias de no hacerlo se traducirán en recortes de plantilla, cierre de laboratorios y suspensión de programas de investigación que salvan vidas. Las universidades podrían verse tentadas a repercutir en el precio de la matrícula la pérdida de financiación federal, además de ejecutar recortes en sus programas de becas o en la ayuda económica a los estudiantes.

Primeros recortes

Los primeros recortes ya se han hecho notar: la Universidad Johns Hopkins, que no pertenece a la Ivy League, pero cuenta también con gran prestigio y una importante dotación, acaba de anunciar que deberá reducir más de 2.000 puestos de trabajo por la retirada de financiación federal. Columbia comunicó el martes el despido de 180 investigadores al retirarle el Gobierno 400 millones en subvenciones plurianuales.

De ahí que algunas, sobre todo las más ricas, estudien planes alternativos. Harvard emprendió recientemente negociaciones para vender alrededor de 1.000 millones de dólares de participaciones en fondos de capital privado. Además de las amenazas de la istración republicana de revocar su exención fiscal, el momento no parece el más adecuado para los rendimientos de los activos ilíquidos, aquellos que no se pueden convertir rápidamente en efectivo. En su dotación, como en la del resto de prestigiosas universidades estadounidenses, una parte considerable (el 40%) corresponde a capital riesgo. Al igual que otras universidades, la universidad radicada en Cambrid­ge se enfrenta a la presión de las empresas de inversión, que tienen dificultades para vender y devolver el dinero a sus socios comanditarios, aunque el esfuerzo por vender la cartera secundaria comenzó en realidad el año pasado, según la agencia Bloomberg, antes de que Trump declarara la guerra a las universidades, para él, un vivero de élites demócratas.