La jueza propone sentar en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha dictado este lunes un auto con el que da el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la supuesta adjudicación irregular de un puesto de alta dirección en la diputación pacense en 2017 y la posterior adaptación del cargo a sus necesidades. La magistrada considera que el proceso por el que el familiar del jefe del Ejecutivo consiguió el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de este organismo no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó “sin cumplir los requisitos constitucionales”. En las dos ocasiones que ha declarado ante la magistrada ―la segunda el pasado viernes―, David Sánchez ha negado cualquier ilegalidad en su actuación.

Según la resolución, de 71 páginas de extensión y a la que ha tenido EL PAÍS, la magistrada atribuye al familiar del jefe del Ejecutivo y a otros 10 imputados, entre ellos varios altos cargos de este organismo provincial, la presunta comisión de los delitos de prevaricación istrativa y tráfico de influencias. Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño. La resolución, que no es firme y puede ser recurrida, descarta sin embargo la existencia de delitos contra la Hacienda Pública o de enriquecimiento ilícito, inicialmente investigados. La magistrada da 10 días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

Con este auto, la jueza da por concluida una investigación que inició en mayo del año pasado después de que el pseudosindicato Manos Limpias presentase una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior.

Parte de estas acusaciones fueron posteriormente descartadas por una investigación judicial que, sin embargo, llevó a la magistrada a abrir otras líneas, como la que ha indagado sobre la presunta contratación irregular de un extrabajador de La Moncloa amigo de David Sánchez, hecho por el que finalmente también ha sido procesado el hermano de Pedro Sánchez. Las pesquisas han incluido varios registros de la diputación pacense para intervenir documentación y correos electrónicos de los presuntos implicados, así como la declaración de decenas de personas en unas diligencias que han sido avaladas en cinco ocasiones por la Audiencia Provincial de Badajoz.

La jueza destaca en el auto que “existen indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. También atribuye al hermano del presidene haber “utilizado influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

La magistrada añade que el familiar de Sánchez logró “que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente” en uno de sus proyectos y que entonces trabaja en el Palacio de La Moncloa, Luis Carrero, “fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”. El auto propone por estos hechos también juzgar a Carrero tras concluir que se creó de manera intencionada el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas para que lo ocupara él como finalmente así fue.

Sobre el líder del PSOE extremeno, Miguel Ángel Gallardo, la jueza muestra su convencimiento de que participó “directamente en los hechos” al concluir que es “inverosimil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no estuviera informado de la creación del puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” a este. La magistrada destaca que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”.

Sobre el papel del líder de los socialistas extremeños, la magistrada añade en su auto que “en fecha no determinada anterior al 11 de octubre de 2016 [Pedro Sánchez había dimitido de su cargo de secretario general del PSOE nueve días antes]″, tanto Gallardo como otras dos de las personas a las que procesa ―la diputada de Cultura Cristina Núñez y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano―, “decidieron la creación del puesto de trabajo que acabó denominándose ‘coordinador de las Actividades de los Conservatorios’ con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad”, sin concretar.

Más adelante, y al referirse a otro de los investigados, Ricardo Cabezas, que ocupaba el cargo de diputado de Cultura, la magistrada recuerda que cuando declaró en el juzgado afirmó que “fue el propio Pedro Sánchez quien le manifestó que su hermano David era músico en una conversación informal tras un mitin en Badajoz” y que, aunque no recuerda cuándo fue exactamente ese encuentro, cree que era cuando el ahora presidente del Gobierno “intentaba recuperar la Secretaría General del PSOE” tras su dimisión, algo que consiguió en mayo de 2017. A finales de junio de ese año, la Diputación de Badajoz adjudicó la plaza a David Sánchez, quien firmó el contrato de alta dirección el 10 de julio siguiente.