La Audiencia de Sevilla condena a un exdirectivo de la Junta por pagar 359.000 euros a un exalcalde que nunca acudió a trabajar

La Audiencia de Sevilla ha condenado a Fernando Villén, exdirector de una fundación pública de la Junta, a tres años y medio de cárcel por contratar ilegalmente al exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres, que cobró 359.973 euros sin acudir a trabajar gracias a un puesto ficticio. Los jueces condenan por malversación y prevaricación a Villén y por los mismos delitos a dos años y tres meses de cárcel al exregidor. El exdirectivo de la Junta ya fue condenado en 2023 a seis años de cárcel por pagar prostíbulos con dinero público de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), foco de corrupción política durante la etapa socialista en el Gobierno andaluz. Villén gastó 32.556 euros con sus tarjetas oficiales en clubs de alterne durante 10 noches entre 2004 y 2010.

El tribunal reprocha al exregidor sevillano que desde 2003 cobrara “por su sola voluntad, amistad y afinidad política” 359.973 euros pese a que “no acudía a la sede de la Fundación ni desempeñaba trabajo alguno”. Es decir, el exalcalde ganó dinero sin pisar un despacho ni ejercer labor alguna para dicha fundación pública.

La sentencia de la Audiencia sevillana, notificada este miércoles, aclara que ambos exdirigentes deben indemnizar a la Junta con esos 359.973 euros percibidos por Torres. Tras las elecciones municipales de 2003 en las que Torres perdió la alcaldía de Lebrija tras 24 años en el cargo, este acudió “directamente” a Villén para pedirle trabajo. La excusa para contratarle fue “lograr fondos y financiación de distintas istraciones para la Faffe”, según critica el fallo. Los jueces recriminan a los condenados que fue “innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público”.

El tribunal censura que el exalcalde no era apto para captar dichos fondos para la Faffe: “No consta que [Torres] se encargara en ningún momento de este aspecto financiero, tampoco que tuviera aptitudes para asumir y desempeñar las funciones correspondientes a esas funciones”. Como condición para ser contratado, Torres exigió a Villén que le diera un puesto “fijo” en la Faffe y este accedió de igual manera, con las condiciones salariales que había exigido Torres. Para contentarle, Villén creó en la Faffe la dirección de relaciones externas, un departamento “inexistente, que no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito”. “Torres no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno”, reza la sentencia.

Los jueces subrayan cómo el exalcalde nunca acudió a la sede de la fundación pública de la Junta andaluza. “Nunca se integró en el comité directivo ni en la estructura orgánica de la fundación, no acudió a ninguna de sus sesiones, no acudía a trabajar a la sede de la fundación, al punto que era desconocido por otros trabajadores y directivos”. El sueldo de Torres superó los 40.000 euros anuales hasta que la Faffe desapareció en 2011, ocho años después, al integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los empleados de la Faffe desconocían que el exalcalde de Lebrija (27.745 habitantes, en el sur de la provincia de Sevilla) dirigía el departamento de relaciones externas, y tampoco hay pruebas documentales que demuestren su trabajo. Torres hizo alguna contratación, pero siempre desde casa y con su ordenador portátil, utilizando direcciones de correo electrónico privadas.

“La contratación es ilegal, grosera (…) está basada en una decisión arbitraria dictada con la voluntad de apartarse de los principios de mérito y capacidad (…) La contratación en Faffe es al libre arbitrio del acusado Fernando Villén, con colocación de personas afines, enchufados”, concluyen los jueces. “Antonio Torres no fue a trabajar pero recibió el dinero (…) El desprecio a la legalidad istrativa que determina la actuación es patente”, añaden.

En paralelo a su condena de seis años de cárcel por el pago con dinero público de prostíbulos, Villén afronta una pieza separada de los ERE fraudulentos en la que están investigados 21 ex altos cargos de la etapa socialista por un supuesto fraccionamiento ilícito de contratos por un total de 9,4 millones entre 2008 y 2010. Los 21 exdirectivos de la Faffe están imputados por malversación y prevaricación.