El subdelegado del Gobierno de Ávila: “Los funcionarios investigados por tener sexo con la asesina del niño Gabriel ya no trabajan en la cárcel”

El subdelegado del Gobierno de Ávila, Fernando Galeano, ha comunicado este martes que “dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva han sido investigados por la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila. Ambos por la presunta comisión de un delito de cohecho, consistente en proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma. Se trata de un funcionario y un personal laboral”. De este modo, confirmaba la información revelada por EL PAÍS sobre la situación de la asesina del niño Gabriel, Ana Julia Quezada, en el centro donde cumple su condena a prisión permanente revisable. La información, basada en las diligencias de investigación del juzgado número 4 de Ávila, recogía algunos de los testimonios que han servido para conocer las irregularidades que presuntamente se están produciendo en el citado centro penitenciario de mujeres, que cuenta con unas 70 internas. Quezada habría grabado sus encuentros sexuales con los citados funcionarios y los estaría usando para “chantajear” a la dirección de la prisión y lograr ser trasladada a Barcelona. Supuestamente, ese móvil lo habría conseguido con la connivencia de los mismos funcionarios y su actual pareja, una mujer, que se lo habría entregado a uno de ellos antes de mantener un vis a vis con la reclusa.

“Una vez terminada la fase de investigación y la toma de declaraciones a implicados y a testigos, la Guardia Civil ya ha entregado las diligencias al juzgado, que ahora es quien debe marcar las actuaciones a realizar”, ha añadido el subdelegado. “En este momento, las dos personas referidas están en condición de investigadas y no están trabajando en el centro penitenciario”.

Por su parte, desde Instituciones Penitenciarias se limitaron a decir que “cuando se abre una investigación judicial, el procedimiento interno queda suspendido hasta que haya una resolución”. Ni siquiera confirmaron la información aportada por el subdelegado de Ávila sobre que los dos trabajadores investigados ya no trabajan en la cárcel de Brieva. “No podemos dar más información cuando hay una investigación judicial en curso”, justificaban fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Rueda de prensa

Por el contrario, Patricia Ramírez, la madre del Pescaito, como se conoció al niño de ocho años Gabriel de Cruz tras su desaparición en febrero de 2018, ha convocado para este miércoles una rueda de prensa. Se celebrará en la sede de la Diputación, el mismo sitio en el que ella convocó a los medios hace casi un año, el 11 de mayo de 2024, para denunciar que sabía “por fuentes directas” que Ana Julia Quezada contaba con un móvil en su celda, del que estaba haciendo uso para mantener entrevistas con periodistas y grabar un documental con una productora. La producción del documental se paró tras el paso de Ramírez por el Senado el 11 de junio, para reivindicar un pacto de Estado que proteja a las víctimas de delitos violentos.

La cita de este miércoles será, por tanto, en la misma sala que hace un año, la sala de prensa del pabellón Moisés Ruiz de la Diputación de Almería, a las 10.30 horas. En ella, ha anunciado en una convocatoria Ramírez, pretende realizar una “denuncia pública de su situación de desamparo y desprotección institucional y judicial”, la “vulneración de derechos al amparo del Estatuto de la víctima, normativa europea y otras normas afines”, y “posibles irregularidades en la prisión donde cumple sentencia la condenada por el asesinato de Gabriel y contra la integridad moral de sus padres”. La convocatoria lleva una nota final: “Importante: Se ruega y solicita muy encarecidamente a los asistentes no volver a contar los datos macabros y escabrosos relacionados con el asesinato de mi pequeño”.