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El Gobierno aprueba la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer

El refuerzo pretende afrontar al aumento de carga de trabajo previsto cuando estos juzgados asuman todas los delitos contra la libertad sexual

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños,  y la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, en un acto en el Consejo el pasado viernes.
Reyes Rincón

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer para hacer frente al aumento de carga de trabajo que va a implicar la nueva ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia para los juzgados especializados en violencia machista. Esta norma contempla que, a partir de octubre de 2025, los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán que hacerse cargo de los procesos sobre delitos contra la libertad sexual aunque no exista o haya existido un vínculo de pareja entre el agresor y la víctima, lo que ha llevado a los jueces de violencia sobre la mujer a movilizarse para advertir del “colapso” que, aseguran, va a provocar ese cambio.

El aumento del número de jueces y fiscales es fruto de un pacto entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del Gobierno destacan que, con esta ampliación, se prevé un incremento cercano al 50% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer en España (actualmente hay 116 juzgados especializados).

El Gobierno ya anunció hace semanas la creación de medio centenar de nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. Sin embargo, el plan inicialmente previsto contemplaba un número menor de nuevas plazas y suplir las necesidades convirtiendo juzgados de instrucción en juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Finalmente, tras la negociación abierta con el CGPJ, se ha optado por incrementar la creación de juzgados y reducir los que se transforman, de forma que, de las 50 nuevas plazas que se aprueban este martes, 42 son de nueva creación y solo ocho se convierten de juzgado de instrucción a juzgado de violencia. Cada nueva plaza de juez irá, además, acompañada de la creación de una plaza de fiscal especializado.

Un estudio encargado por el CGPJ cifró en el 12,9% el incremento medio de carga de trabajo para los juzgados de violencia que va a suponer la entrada en vigor de la nueva ley. Distribuido por Comunidades y por partido judicial, el impacto de se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79, dependiendo de las características de cada territorio y los medios de los que dispone.

El incremento más notable de asuntos se prevé en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cataluña y Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo del CGPJ es del 20,25% y del 19,60%, respectivamente. Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por último, Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y País Vasco (2,79%).

El Gobierno se ha guiado de este estudio, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, para decidir la distribución por comunidades de las plazas que se crean, teniendo en cuenta la población y el número actual de juzgados de cada territorio: en Andalucía se crearán 10 nuevas plazas; seis en Madrid; cinco en la Comunidad Valenciana; cuatro en Cataluña, Galicia y Canarias; tres en Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura; dos en Murcia y Castilla y León; y una en Aragón, Asturias, Cantabria y Euskadi.

El real decreto incluye también la creación de Secciones especializadas en Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en tres partidos judiciales específicos: Madrid, Barcelona y Málaga.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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