La hora de la Barcelona metropolitana

En una Cataluña que ya ha superado el procés y que goza, _aún con un gobierno minoritario_, de una cierta estabilidad institucional, quizás valdría la pena volver a abrir debates de fondo que durante mucho, demasiado tiempo, quedaron aparcados.

Uno de ellos es, sin dudas, el tema de la gobernanza del área metropolitana de Barcelona. Sintetizando mucho, hay que recordar que fue un tema especialmente importante en los primeros años de la recuperación democrática después de la dictadura. Entonces, el ambicioso proyecto de Pasqual Maragall de transformar la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) _un ente fundamentalmente técnico creado al final del franquismo_ en una estructura democrática y con relevantes competencias de gobierno en ámbitos decisivos del conjunto del área metropolitana de Barcelona _y no del minúsculo territorio del ayuntamiento de la capital_, se topó con un obstáculo insuperable y una inhibición que acabó siendo definitiva. El obstáculo fue la enorme desconfianza de los gobiernos nacionalistas de la Generalitat presididos por Jordi Pujol, que conceptualizaron la posibilidad de una gobernanza metropolitana como una amenaza para su consolidación institucional y, sobre todo, para su proyecto de construcción nacional.

La inhibición fue la de unos alcaldes metropolitanos socialistas que, especialmente después de las elecciones de 1983 _y muy a menudo con robustas mayorías absolutas_, prefirieron consolidar posiciones en sus ayuntamientos que respaldar al alcalde de Barcelona en la construcción de ese proyecto. El resultado de todo ello fueron las leyes de ordenación territorial de 1987 que, aprobadas por mayoría absoluta de CiU, borraron de un plumazo la CMB, remplazándola por instrumentos de gobierno técnicos sectoriales. Es cierto que posteriormente lo que hoy es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ido profundizando en sus competencias, pero a todas luces carece de poder y legitimidad suficientes para dar respuestas a las necesidades de una gran conurbación urbana. En estas décadas se perdió una ocasión importante cuando con la reforma del Estatut se propició una ley de veguerías que reconocía el hecho metropolitano, pero todo quedó estancado con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

La realidad sin embargo es tozuda: Barcelona sigue siendo mucho más que su término municipal. En muchas grandes ciudades de Europa se cuenta con sistemas completos de gobernanza metropolitana. Lo han señalados los expertos - sólo hace falta leer en este sentido a Oriol Nel·lo-: hay grandes retos como la cohesión social, el derecho a la vivienda, la transición energética y la emergencia climática, la movilidad, el planeamiento territorial y la estrategia económica, que sólo podrán ser atendidos con eficacia a partir de la existencia de una institución democrática que pueda hacer políticas coordinadas en todo el territorio metropolitano. Visto de más cerca, son los ámbitos que más afectan a la vida cotidiana de los cinco millones de personas que viven en la región metropolitana. Hay que abrir más pronto que tarde este debate, sin tentaciones de aislamiento localista, ni cesiones a una narrativa sobre una Cataluña ideal que, de facto, invisibiliza y recela de un hecho metropolitano que es una parte sustantiva de la realidad del país.