La batalla judicial por el legado de Pere Mir pone en jaque la financiación de proyectos científicos

La investigación judicial por el presunto expolio del legado del empresario químico Pere Mir puede tener una consecuencia no deseada: la paralización de proyectos científicos que dependen del impulso económico de la Fundación Cellex. Hace dos semanas, la jueza que instruye el caso puso en manos del Departamento de Justicia la gestión de la fundación ante las sospechas de que sus responsables hicieron un uso indebido de los fondos. “Cuando se interviene una entidad del calibre de Cellex, lo primero que se hace es paralizar todos los movimientos económicos. Y ello pone en riesgo la continuidad de los proyectos que dependen de esas aportaciones”, iten a EL PAÍS fuentes de la Generalitat.

Con 7,4 millones de euros donados a finalidades estrictamente científicas en 2023, Cellex fue la segunda fundación que más fondos privados inyectó ese año en el ámbito científico en Cataluña, solo por detrás de La Marató de TV3 (9,9 millones). Desde el fallecimiento de Mir en marzo de 2017, las donaciones de la fundación a esos mismes fines ascienden a 30,9 millones. La mayor parte del dinero ha ido a parar a instituciones como el Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), los hospitales Sant Joan de Déu y Vall d’Hebron, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

Pocos ámbitos como el científico se sostienen tanto por los apoyos privados. Al no poder garantizar resultados, muchas líneas de investigación requieren del interés de mecenas o de entidades vinculadas para iniciar un proyecto, lo que hace que las propias asociaciones contra el cáncer, el ictus o la hipertensión, por ejemplo, sean algunas de las fundaciones que más capital aportan a investigaciones propias. “Los proyectos obtienen más fondos a medida que avanzan en su investigación, y ahora habrá algunas iniciativas que quedarán interrumpidas a corto o medio plazo”, insiste la misma fuente gubernamental.

La entrega de grandes sumas de dinero daba a entender, en cualquier caso, que la voluntad de Mir ―plasmada en escrituras e instrucciones manuscritas, algunas ante notario― se estaba cumpliendo. Pero, tal vez, no del todo. La titular del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, Myriam Linage, investiga si los tres albaceas designados por el empresario ocultaron parte de su patrimonio en el extranjero y si se beneficiaron personalmente del legado. Según los primeros cálculos de la jueza a partir de los informes de los Mossos d’Esquadra, el presunto expolio asciende a por lo menos 8,4 millones de euros.

El principal investigado es Jordi Segarra, persona de la máxima confianza de Mir y, hasta la intervención judicial, responsable de la Fundación Cellex. Los otros dos son el abogado Juan Francisco Capellas y el prestigioso oncólogo Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, uno de los organismos más beneficiados por las ayudas. Según la investigación, Tabernero y su mujer recibieron, de una empresa de Mir, la donación de una casa en Baqueira Beret, en la Vall d’Aran (valorada fiscalmente en 642.000 euros) y otros 312.000 euros por transferencia. Fuentes cercanas a Tabernero aseguran que Mir le había dicho en vida que la casa de Baqueira sería para él para agradecerle los cuidados que había recibido de él como médico en sus últimos años de vida. Nunca lo dejó, sin embargo, por escrito.

Mir, que hizo fortuna al hallar una fórmula para obtener formol a partir de madera, practicó la filantropía en vida. En 2003 creó la Fundación Cellex, que en las siguientes dos décadas aportaría hasta 120 millones de euros a la investigación científica. Marina Geli, que fue consejera de Salud de la Generalitat desde ese año y hasta 2010, itió que la fundación fue el principal donante del sector científico (junto a La Caixa) durante su mandato.

Un legado menguante

Los hasta ahora responsables de la fundación aseguran que las cosas siguieron en esa senda tras la muerte de Mir, el 10 de marzo de 2017. El análisis de los documentos que obran en la causa y de las cuentas de la fundación indican, sin embargo, que en los últimos años las aportaciones han ido a la baja: de 9,9 millones donados en 2017 se pasó a 252.000 en 2021 y a apenas 63.000 euros en 2022. La fundación justifica en sus memorias anuales que “los pagos asociados a los bienes recibidos en herencia en 2017 y 2018” [tras el fallecimiento de Mir, primero, y de su mujer, poco después] limitaron la tesorería. En 2023, lo cierto es que las aportaciones a investigación volvieron a auparse hasta los mencionados 7,4 millones.

Fue ese año cuando se desató el terremoto. Àngel Surroca, gestor de una antigua empresa de Mir, llevó a la vía penal las presuntas irregularidades en la gestión de Cellex. Poco después, el Departamento de Justicia presentó una demanda para solicitar la intervención judicial de la fundación. En la respuesta a esa demanda, a la que ha accedido EL PAÍS, los hasta hace poco responsables de Cellex defienden las bondades de su gestión y señalan a Surroca, que “confiaba en tener un trato más que preferente en el testamento y herencia” de Mir, a quien consideraba “un segundo padre”.

El documento considera que los inmuebles de los que Mir era propietario (incluido un edificio entero en el céntrico paseo de Sant Joan de Barcelona o la casa de Baqueira Beret) “no forman parte de la herencia”. Los investigados sostienen que esas propiedades colgaban de las fundaciones panameñas creadas en su día por el empresario y no pueden considerarse parte del legado. Una tesis que no comparten los investigadores, para quienes los documentos dejan claro que Cellex, y por tanto la investigación científica, debían ser los destinatarios de todo su patrimonio.