La oposición asedia al Govern por el escándalo de la DGAIA

La profunda crisis desatada en la Direccion General de Atención a la Infancia (DGAIA), a cuenta de los escándalos de gestión y los abusos a una menor que estaba bajo custodia por una red de pedofilia, ha copado el pleno del Parlament. En la sesión de control de este miércoles, Junts ha acusado al president Salvador Illa de refugiarse en el silencio, mientras que la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, le ha planteado si la reforma que propone para la dirección general estará a la altura necesaria. La CUP y Vox también han recordado sus denuncias, desde 2017, sobre corrupción y puertas giratorias. Illa se ha comprometido con la “refundación” del organismo pero ha rechazado las críticas, especialmente las de Junts, recordando que el partido de Carles Puigdemont ha gobernado Cataluña 12 de los últimos 15 años. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Bravo, ha pedido aparcar el ruido y ha tendido la mano a la oposición para trabajar en los cambios de la entidad y ha hecho autocrítica sobre la “excesiva” externalización de la entrega de prestaciones sociales.

Mónica Sales, la portavoz del primer grupo de la oposición, ha citado durante su pregunta a Illa el “devastador” informe de la Sindicatura de Cuentas sobre irregularidades en las contrataciones en el servicio de acogida, la destitución después de la directora y subdirector sin “explicaciones” y la investigación de la Oficina Antifraude por ayudas fraudulentas a menores extutelados y después la violación de una menor bajo guardia. “Su silencio ha sido intolerable, Tiene que rectificar y no esconderse más”, ha recriminado Sales a Illa recordando que en diciembre ya pidió que se siguieran las recomendaciones del órgano fiscalizador y comparecencias no escuchadas.

“El Govern llegará hasta el final caiga quien caiga y salga lo que salga. Y la refundaremos. No tengo ningún interés en mirar atrás. Me sorprende su tono: de los últimos 15 años, 12 ustedes han gobernado. Pretender que lo que ha pasado no tiene nada que ver con su acción de Govern, en fin...Pido colaboración porque es una política de país”, ha replicado el president, que ha alegado que las únicas iniciativas que se han tomado en los últimos años han sido el proyecto de Barnahus del exconsejero Carles Campuzano (ERC) y la destitución de los dos dirigentes de la DGAIA que, sin embargo, fueron nombrados por su Ejecutivo. Junts le ha recordado, posteriormente, que la puesta en marcha de Barnahus llegó la mano de Violant Cervera, consejera de Junts en 2022.

En un tono muy diferente, Albiach ha insistido en si el Govern pondrá a la DGAIA a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. “Vamos a hacer una refundación y reestructuración muy a fondo”, ha insistido Illa. El líder de las filas de Vox, Ignacio Garriga, ha recordado que en múltiples ocasiones había denunciado las irregularidades.

Durante las preguntas a los del Govern, la consejera Bravo ha sido la encargada de soportar el chaparrón de las críticas. Han preguntado por el tema desde las filas del Partido Popular y de la CUP. “¿Qué clase de política es esta? Hipocresía institucional disfrazada de política social", le ha espetado la popular Lorena Roldán a la consejera, que le ha preguntado si alguna vez ha gestionado un cambio dentro de una organización y si era consciente de la importancia de cambiar el liderazgo para poder refundar la DGAIA.

Ha tenido más sustancia el debate con la diputada anticapitalista, Maria Pilar Castillejos. La representante de la CUP ha recordado que ya desde 2017, su formación había denunciado las irregularidades de Plataforma Educativa y Resilis de las que ahora se vuelven a hacer eco los órganos de control. La diputada ha criticado que sean los mismos directivos de esas entidades los que después sean los expertos que participan en los órganos de auditorias y diseño de políticas. Bravo ha defendido el trabajo hecho por la mayoría de las entidades del tercer sector, si bien ha asegurado que en la nueva DGAIA se extremarán los controles si corresponde. Y ha hecho un ejercicio de autocrítica: “en muchos casos se ha apoyado excesivamente en la externalización, funciones clave delegadas en el tercer sector, como, por ejemplo, el control de prestaciones económicas”, ha dicho.

La consejera ya se había empleado a fondo, en la primera sesión del pleno, a defender el cambio discreto que asegura se está implementando en la Dirección General que se encarga de la infancia y la adolescencia. “La población catalana ha crecido, la complejidad ha aumentado, los retos han cambiado, pero la DGAIA no se ha adaptado, ni con recursos humanos, ni con recursos técnicos, ni con recursos económicos. Y esto no es algo de hace cuatro días; esto es algo de fa, como en mínimo, una década”, había asegurado Bravo en respuesta a una interpelación de Junts.

Bravo había desglosado antes cómo ha cambiado la situación: desde 2015 se ha incrementado en 84% (8.600 a 14.400) los menores atendidos, muy por encima del crecimiento de la población. Los casos, además han ganado complejidad y eso ha aumentado a presión y carga de trabajo para los profesionales de la dirección. “Eso ha desembocado en una alta rotación de personal y una grave carencia de perfiles técnicos”, ha añadido la titular de Derechos Sociales, que también ha recordado que ahora hay que añadir enfrentarse a “un submundo de desalmados que amenazan a nuestras criaturas desplegando sus tentáculos”.