La jueza de la dana pregunta a la Generalitat Valenciana si avisó a los municipios del riesgo de la riada

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha dado este miércoles luz verde a una batería de pesquisas dirigidas a un mismo objetivo: averiguar cómo se preparó el Gobierno de Carlos Mazón para combatir la colosal catástrofe que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos en la provincia de Valencia. La magistrada ha solicitado una cadena de diligencias al Cecopi ―el organismo de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis― para aclarar cómo se alertó a los municipios ―78 resultaron afectados― de la monumental riada.

La instructora pregunta a la Generalitat si, tal y como obliga el Plan de Inundaciones, avisó a los municipios la víspera de la tragedia del riesgo inminente para que controlaran los cauces de los ríos. Y es que la dana sobresaltó a la población de localidades como Paiporta o Catarroja, donde el inesperado desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la inundación, segó la vida durante la aciaga jornada de 45 y 25 personas, respectivamente.

La magistrada también cita a declarar en calidad de testigo a Silvia Soria Cases, que fue jefa de gabinete de la consejera Salomé Pradas, que está imputada en la causa, que indaga homicidios y lesiones imprudentes, junto a quien fuera su número dos durante la riada, Emilio Argüeso. La testifical de la mano derecha de la exdirigente ha sido requerida por el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

En su batería de pesquisas, la magistrada solicita al Ejecutivo valenciano si, a raíz de avisar a los municipios, los ayuntamientos constituyeron el Cecopal, el órgano de coordinación de emergencias local. Y pregunta por los controles que se siguieron el día de la dana sobre las lluvias torrenciales y los cauces de los ríos.

En un intento de alumbrar cómo encaró el Gobierno del barón popular la mayor catástrofe natural de su historia, la jueza reclama el informe sobre el riesgo de inundaciones que elaboró el organismo autonómico de emergencias tras alcanzar la situación de emergencia 1. También quiere saber la magistrada si la Generalitat pidió datos a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre la evolución de la eventual riada en alguna cuenca en concreto. E información capital sobre el cuartel general desde donde se coordinó la crisis, el Cecopi. La instructora quiere saber cuándo se constituyó este centro radicado en L’Eliana (Valencia), quién integraba su comité asesor y quiénes formaron parte de su unidad de “seguimiento de riesgo”. La petición no es gratuita. Desde que arrancó la investigación hace seis meses, Ruiz Tobarra dirige el foco de sus pesquisas a desgranar la tardanza en el envío de la alerta masiva a móviles, que este organismo de la Generalitat remitió a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes. La exconsejera Pradas reconoció que desconocía hasta el día de la riada el sistema para enviar mensajes de emergencia a los teléfonos. Y la jueza sostiene que, si la misiva se hubiera enviado antes, el número de muertos habría sido menor.

La magistrada, además, también apunta su investigación a los bomberos de la Generalitat. Quiere saber los salvamentos con helicópteros que estos profesionales ejecutaron el día de la tragedia.