Justicia a más de dos horas de viaje para víctimas de violencia machista en Galicia: “Las van a desproteger”

La abogada María Briones planta cara en los juzgados a la violencia machista desde hace 30 años. Cuando empezó, en Ribeira (A Coruña), el municipio en el que ejerce, a las mujeres magulladas por sus parejas ni les tomaban nota de su denuncia en la comisaría porque los policías lo consideraban un “asunto familiar”. Hoy en la sede de la Policía Nacional funciona una Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) y en el juzgado que atiende a estas víctimas la mayoría de estos casos se resuelven en apenas una semana, asegura. Sin embargo, lo que les espera a las denunciantes de aquí en adelante, alerta el Colegio de Abogados de A Coruña, no son más mejoras, sino un retroceso. La creación en diciembre de un nuevo juzgado especializado en Santiago, a 70 kilómetros y con un deficiente transporte público limitado al autobús, obligará a denunciantes y testigos a buscar tiempo y dinero para desplazarse hasta la capital gallega o fiar su testimonio a la frialdad de una conexión por videoconferencia.

El Ministerio de Justicia ha estipulado que el nuevo juzgado compostelano, que se creará el próximo 31 de diciembre, no atienda solo los casos del partido judicial de Santiago, sino también los de Arzúa, Negreira, Padrón, Ordes, Muros, Noia y Ribeira, con una población total de 200.000 habitantes. Son los abogados de estas tres últimas localidades costeras, las más alejadas de la capital gallega, los que han puesto el grito en el cielo. Esta centralización “las va a desproteger; se va a tratar peor a una víctima de violencia de género que a una que haya sufrido un hurto”, critica Briones, delegada del Colegio de Abogados de A Coruña en Ribeira. Apunta a las trabas de tiempo y dinero que para ellas traerá el cambio; al riesgo de que se desalienten las denuncias; a las limitaciones y perjuicios que las declaraciones por videoconferencia conllevan; y a la pérdida del juez de proximidad: “Es perder al juez que conoce la idiosincrasia del territorio y que mejor puede valorar el caso”.

El Ministerio de Justicia asegura que la decisión de que el juzgado de Santiago absorba los casos de municipios de otros partidos judiciales se ha tomado “con la finalidad de dar una mejor atención a las víctimas”. Para elegirlos, además de la carga de trabajo de estas oficinas en violencia contra la mujer, se ha tenido en cuenta que mantengan “una proximidad razonable”. En concreto, “menos de una hora de distancia”. El cálculo de este tiempo que ha propiciado la inclusión de localidades como Ribeira o Muros, ite el ministerio, se ha hecho considerando un viaje en coche particular desde el centro de cada ayuntamiento. Pero en la dispersa y mal comunicada Galicia, ese baremo revienta fácilmente.

“Aquí [en Ribeira] las comunicaciones son terribles. Hay víctimas que tendrán que hacer más de dos horas de bus para llegar a Santiago. Las que vivan en aldeas y no tengan coche, tendrán que ir primero al centro a coger un bus. Hay pocos y la mayoría no son directos, van parando. Y en Muros, peor”, advierte Marisol Guevara, presidenta de la asociación Mulleres en Acción de Ribeira. En víctimas tan vulnerables, con posibles cargas familiares y “pocos recursos para desenvolverse”, los efectos de esa distancia no son menores. Son “mujeres destruidas”, incide Guevara, y para que denuncien, “tienen que ser todo facilidades en el primer paso, porque cuesta mucho darlo, así que es fundamental tener los recursos lo más cerca posible”.

Justicia aduce que la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá la creación de oficinas de justicia en el municipio desde las que las víctimas podrán conectar por videoconferencia con el juzgado compostelano. “La víctima podrá prestar declaración, si así lo desea, ante un órgano plenamente especializado en violencia sobre la mujer sin tener que desplazarse de su propio municipio”, explica el ministerio. “Es decir, el nuevo modelo permitirá a las víctimas de este tipo de delitos tener una justicia próxima y a la vez completamente especializada”.

Esa opción no convence ni a Briones ni a Guevara. La portavoz de los abogados sostiene que en una declaración telemática “se pierde la comunicación no verbal”: “No se transmite el significado de los silencios o de una lágrima que no es un grito. Y eso va en detrimento de la víctima”. Al estar el caso en un juzgado de Santiago, los letrados de las afectadas serán también de esa zona. “¿Se comunicarán con ellos también por videoconferencia? La víctima no cuenta fácilmente su vida personal, son cuestiones íntimas”, advierte Briones. Guevara también cree que la frialdad de una cámara perjudica especialmente a quienes denuncian violencia de género: “Cuando una mujer pide socorro, necesita cercanía, ver personalmente a quien la atiende y sentirse escuchada, creída y comprendida”.

Servicios especializados en la nueva oficina

Sara Outeiral denunció a su expareja cuando vivía en A Pobra, una de las localidades afectadas por esta centralización. Al día siguiente, tuvo un juicio rápido en Ribeira con una abogada de oficio a la que ni tuvo tiempo de conocer. Su situación económica era difícil. “Si me dicen que es en Santiago, probablemente no hubiera ido. Si no tienes coche, ni medios, ya no vas. El factor de clase es muy importante. Es ir sola a una ciudad que no es la tuya y en la que te sientes más insegura”, explica. Tampoco le convence la alternativa de la videoconferencia y cree que es mejor invertir en los juzgados más próximos y centrarse en divulgar los servicios de atención que ya existen cerca de las víctimas: “Muchas ni siquiera saben que la Casa da Muller de Ribeira tiene una psicóloga gratuita”.

No solo el ministerio defiende la medida. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al igual que la comisión mixta que integra junto a la Xunta, niega que la atención a las víctimas de estos municipios vaya a empeorar. “Todo lo contrario”, apuntan fuentes de la institución, “pues podría contar con un servicio especializado y mucho mejor dotado, tanto en infraestructuras como en personal. Santiago cuenta, por ejemplo, con una Oficina de Atención a la Víctima, lo que no existe en los juzgados mixtos, como lo son Padrón, Ribeira y Negreira”. El alto tribunal gallego apela a experiencias similares que se han implantado en otros puntos de España “con éxito” y cita el caso de Cáceres, donde se realizan las declaraciones tanto de las víctimas como de los acusados por medios telemáticos desde las comisarías o cuarteles de la Guardia Civil.

La delegada del Colegio de Abogados de A Coruña augura retrasos en la instrucción judicial. El ministerio asegura que ha realizado cálculos y reforzará personal para que la carga de trabajo asumida por el nuevo juzgado especializado no sea excesiva, pero Briones mantiene que la oficina de Santiago “nacerá colapsada”. Abarcando un territorio de 200.000 habitantes, estima que deberá abordar cada día unos siete casos, tanto penales como civiles, con un horario que se limita de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En el juzgado de Ribeira, para atender localidades con un total de 55.000 vecinos, se trabaja por las tardes y los fines de semana, afirma la abogada. Si una mujer acude por la tarde, tiene inmediata asistencia letrada de la zona y al día siguiente se le toma declaración en el juzgado. Como muy tarde, el juicio rápido se celebra el martes siguiente. De esta forma, asegura que más del 90% de los casos “se resuelven en una semana”. Briones teme que esta centralización de los casos de violencia machista sea solo “el primer paso para desmantelar” en España los partidos judiciales de localidades medianas.