Los colegios de médicos y arquitectos de Madrid discuten en los tribunales sus procesos electorales

Los colegios profesionales constituyen un poder en la sombra. Se erigen como actores de la sociedad civil con una capacidad de influencia cada vez mayor. Intervienen en el diseño de políticas públicas, median entre istraciones de distinto signo. Dos colectivos tan nobles como los médicos y arquitectos madrileños han terminado en los tribunales para dirimir sus diferencias en sendos procesos electorales. El doctor que ganó las elecciones en 2024, Tomás Merina, sigue sin tomar posesión como decano hasta que un tribunal se pronuncie sobre la legalidad de su victoria. El proyectista Sigfrido Herráez ha puesto en manos de un juez el futuro de su reelección a solo dos semanas de los comicios.

El juzgado de lo Contencioso-istrativo número 18 ha dejado este viernes sin efecto de manera provisional una resolución adoptada por la Mesa Electoral del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) que excluía de los comicios del 27 de mayo al decano Herráez. El presidente del organismo que regula el voto en la corporación, Jesús de la Rica, bloqueó el día 5 la reelección del actual jefe de los arquitectos madrileños por exceder el máximo de dos mandatos. Herráez hace otra lectura de los estatutos. Entiende que su primer periodo al frente de la institución no puede computar como uno completo porque duró solo la mitad, es decir, año y medio. Llegó al poder en noviembre de 2020 tras triunfar una moción de censura contra Belén Hermida por su tímida respuesta al intrusismo de Rocío Monasterio, entonces portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

Herráez revalidó su mandato en junio de 2022 y cosió un colegio deshecho por la primera reprobación al decano en su siglo de historia. “Todo este enfrentamiento hace que se resienta la democracia en la institución”, lamenta por teléfono el arquitecto, quien considera tendenciosa la decisión de la mesa electoral de tumbar su candidatura. Menciona que De la Rica es tío político de la mujer de su rival, Jesús San Vicente, cabeza de la única lista aceptada por ahora. Solo los parentescos de primer y segundo grado pueden suponer un conflicto de intereses, no obstante, la relación entre ambos ya había motivado la queja de un colegiado que pidió por escrito la inhibición del presidente de la mesa para “no enturbiar el proceso electoral”.

La decisión del juzgado de lo Contencioso-istrativo ha llegado solo unas horas después de que De la Rica aplazase el voto telemático previsto para este viernes hasta el próximo martes, con el objetivo de “salvaguardar los derechos” de quienes tienen “abiertas reclamaciones”. El proceso debería culminar el día 27 con la instalación de urnas en la sede de la calle de Hortaleza. Si la justicia no lo remedia, San Vicente será el único candidato con derecho a concurrir, una anomalía electoral en la historia reciente de la corporación. “Se está buscando impedir las elecciones porque seguramente las ganaríamos”, opina Herráez, quien teme que la incertidumbre termine afectando negativamente a la participación de los asociados en la contienda. El riesgo para él es que esta batalla interna acabe por ensombrecer su legado.

El pasado de Herráez como concejal de Vivienda del PP entre 1991 y 2005 no le ha impedido granjearse una fama de hombre de consenso. Su único rival difiere de esa imagen y le considera demasiado vinculado a los Gobiernos local y autonómico. “Queremos la despolitización del colegio, que estos años se ha dedicado a blanquear las políticas de Ayuso y Almeida”, reivindica por teléfono el aspirante. “Nosotros hemos hecho las cosas bien. Este señor sabía desde hace mucho tiempo que no iba a poder presentarse, pero ha tensado la cuerda hasta el final”, se queja San Vicente, quien lamenta que la pelea por las elecciones aplace un necesario debate con propuestas. “Los arquitectos somos los riders del sector inmobiliario. Deberíamos estar hablando de que la profesión está ahora peor que hace cuatro años”, remacha.

Una imagen del futuro

La situación de los letrados madrileños ofrece a muchos arquitectos una inquietante imagen de su futuro. Las disputas en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid —Icomem, que cuenta con 52.000 asociados frente a los 11.000 del COAM— comenzaron tras las elecciones del 17 de diciembre. Los tres candidatos a dirigir la institución, incluido el entonces presidente Manuel Martínez-Sellés, compitieron en una campaña sin grandes sobresaltos, aunque no faltaron las críticas, especialmente dirigidas a su gestión. El ganador fue Tomás Merina, un médico empresario respaldado por el sindicato del sector Amyts, que obtuvo el 47% de los votos.

Cuando se preparaba su toma de posesión, apenas un mes después de los comicios, la Comisión de Recursos del Icomem —hasta entonces con funciones poco conocidas por los colegiados— anuló su candidatura de forma retroactiva. Esta decisión fue en respuesta a un recurso presentado por Martínez-Sellés antes de las elecciones. El organismo alegó que Merina no cumplía los requisitos estatutarios: no tenía los años de colegiación necesarios ni ejercía la medicina en el momento de la elección.

Desde entonces, reina la incertidumbre entre los colegiados. La situación ha llegado a los tribunales, donde Merina presentó un recurso que no logró medidas cautelarísimas ni cautelares, por lo que se mantiene a la espera de una resolución judicial que podría tardar entre un año y año y medio, según fuentes jurídicas vinculadas al caso. Mientras tanto, Martínez-Sellés continúa en el cargo, a pesar de que fue el candidato que menos votos consiguió en las elecciones y que su mandato en funciones ha expirado. Además, sigue tomando decisiones importantes dentro del colegio.

Por su parte, Merina se mantiene firme en su papel de presidente electo y ha iniciado una ofensiva contra Martínez-Sellés. Lo ha acusado de adoptar medidas perjudiciales para los colegiados, como la implantación de un copago en el programa de atención psicológica, que hasta entonces era gratuito. También le reprocha seguir percibiendo “sueldos y dietas elevados” a pesar de haber superado el plazo legal de su mandato. Martínez-Sellés, en cambio, no responde directamente a los ataques, sino que lo hace a través de los canales oficiales del Icomem, que siguen reconociéndolo como presidente en funciones.

En declaraciones a este diario, Martínez Sellés mostró su intención de convocar nuevas elecciones y aseguró que no se presentaría. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado ningún paso concreto para resolver la situación. Mientras el conflicto continúa, los colegiados, los principales afectados, miran con desconcierto una deriva institucional sin precedentes.