La jueza amplía la investigación del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso al citar a un exalto cargo de Educación

La jueza que instruye el caso FP que afecta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha citado a declarar como testigo a José María Rodríguez, que fuera director general de educación secundaria, formación profesional y régimen especial hasta el verano de 2023. La citación del exalto cargo, convocado para el 5 de junio, según documentación a la que accedió EL PAÍS, supone ampliar la investigación que afecta al ejecutivo regional por el presunto fraccionamiento ilegal de facturas en 2021, 2022 y 2023 para otorgar a dedo ―a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec― obras que deberían haber salido a concurso público ―lo que permitiría la competencia entre empresas, como manda la legislación―. Hasta ahora, la investigación afecta a una docena de centros, cuenta con cuatro imputados, y se centra en el gasto de más de tres millones de euros.

La magistrada ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación istrativa]”. Por su parte, la Fiscalía describió “una actuación istrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.

En ese contexto, la jueza llamó en marzo a declarar como investigados a dos directores de centros y a un exalto cargo regional, el exsubdirector de FP Alfonso Mateos, que coincidieron en señalar la responsabilidad de la cadena de mando de la consejería. En junio llegará el turno de que se tome declaración como investigado a Gabriel Navarro, el empresario seleccionado para la mayoría de obras, que dio a conocer el caso al denunciar ante la Comunidad de Madrid impagos por valor de un 1,4 millones de euros, lo que llevó a la istración a trasladar el caso a la Fiscalía. Y ahora se convoca a este exdirector general de Educación, una consejería entonces encabezada por Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, y en la que trabajaba como viceconsejera Rocío Albert, la actual titular de Economía, Empleo y Hacienda.

Estas son las claves del caso. Francisco Javier Carmena Lozano,interventor general de la Comunidad de Madrid, ya advirtió en un informe oficial de que la reforma de centros educativos impulsada por el Gobierno de Ayuso se había hecho con “un procedimiento completamente opuesto al correcto”. Se había producido, presuntamente, el fraccionamiento ilegal de facturas en 2021, 2022 y 2023 para asignar a dedo obras que deberían haberse dilucidado en concurso público.

Por su parte, los investigadores de la Fiscalía que solicitaron ese análisis destacaron que sus conclusiones señalaban a la responsabilidad de la istración, pese a que en la causa hay dos directores de centros educativos investigados.

“No se ha tramitado por la consejería el expediente de contratación que correspondería atendiendo a la naturaleza e importe del proyecto”, se afeaba en el informe. “El gasto no ha sido autorizado por el órgano competente”, se añadía sobre una de las obras. “La consejería, conocedora del importe del proyecto, debería haber elevado la autorización del gasto al Consejo de Gobierno”, se recalcaba. “Se ha producido una omisión de la fiscalización previa”.

El señalamiento de la responsabilidad gubernamental se reproduce también en las auditorías hechas por la intervención de los centros afectados por la causa. En ellas se apunta que “el centro carece de competencia para autorizar dichos gastos, que correspondería a la consejería”; que “los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos de cuantía limitada al contrato menor”; y que “no se ha tramitado por parte de la consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de las necesidades de equipamiento y de la entidad de las obras a acometer”.

La tesis de la responsabilidad gubernamental fue precisamente la que defendieron los dos directores y el ex alto cargo regional investigados cuando tuvieron que declarar ante la jueza a mediados de marzo: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”. En ese contexto, el Gobierno de Ayuso ha reconocido, a través de la abogacía autonómica, “las anomalías” de los contratos, y se ha personado como acusación particular.

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la istración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

250 gabrieles

Durante la investigación, el exsubdirector general de Centros de Formación Profesional de la Comunidad reconoció que conocía al empresario que está al frente del grupo Virelec desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les presentó un profesor. La relación se mantuvo luego “por cuestiones personales” que incluyeron encuentros y llamadas. Pero Mateos sostuvo en su declaración que “nunca” ordenó a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec.

“Parece existir un vínculo personal”, concluyen los investigadores. Estos, por lo tanto, alimentan la tesis de que supuestamente pudo haber regalos o dádivas para que el empresario lograra esos contratos. Por ello, previsiblemente, la jueza ha ordenado que se investiguen los patrimonios de varios de los investigados.

“No es así. No hay tráfico de influencias”, aseguró una fuente conocedora de la estrategia del empresario. “El gasto por estas obras ha sido mayor que el ingreso”, añadió. “Con esto, ha perdido dinero, y lo que está claro es que si tienes algo que esconder, no lo denuncias, como ha hecho él”, siguió este interlocutor, que afirmó que el sistema de construcción a través de contratos menores estaba generalizado en la región, y no fue de uso exclusivo con la compañía: “Hay 250 gabrieles [en referencia al empresario de Virelec]”.