Un continente mortal para los defensores de la tierra
El asesinato de un veterano indigenista y un periodista en la Amazonia brasileña es el último episodio de una guerra que no ha parado de crecer en los márgenes de América, el territorio más letal para activistas sociales y ambientales. Colombia, Brasil y México lideran el ranking de países más peligrosos
El martes 7 de junio, un día después de que el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana fuera asesinado a balazos en su oficina, un experto internacional en protección de océanos le dijo a EL PAÍS: “Si a un ministro le puede pasar algo así, entonces qué nos queda a nosotros, que somos más ciudadanos de a pie, que lidiamos con muchos de esos mismos temas, personas e intereses”. La declaración de Maximiliano Bello, que llevaba meses trabajando en un proyecto con el funcionario asesinado, no era más que una pregunta retórica. Pero la realidad respondió de inmediato: una semana después, en Brasil, la policía anunciaba que había localizado los cuerpos del indigenista Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips, desaparecidos a principios de junio en la Amazonia brasileña.
En América Latina, la región más letal para los defensores de la tierra según el registro que lleva la organización Global Witness desde 2012, la posibilidad de un ataque violento contra activistas ambientales siempre se vuelve una sentencia. Los homicidios siguen el recorrido de las profecías autocumplidas. El líder asháninka Edwin Chota, asesinado en 2014 en la selva peruana por luchar contra la tala ilegal en sus tierras, denunció las amenazas contra él y su comunidad durante diez años. Desde 2005 le pedía al gobierno que los protegiera frente a los madereros. A mediados de 2014 viajó a Lima por última vez a pedir ayuda. Dos meses después estaba muerto. La activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa en Honduras por oponerse a la construcción de una represa, había denunciado en forma pública a Roberto Castillo, entonces presidente ejecutivo de la empresa que tenía a cargo la construcción de la represa, por amenazas de muerte. “Ella señaló que si alguien iba a asesinarla esa persona era él”, le dijo su hija a EL PAÍS en mayo de 2021. En julio de este año, Castillo fue declarado culpable como coautor del crimen de Cáceres, aunque la lectura de su sentencia se ha postergado cuatro veces.
Los activistas ambientales no solo son un problema para grupos criminales e intereses privados que buscan sacar provecho de sus territorios: también son incómodos para los Gobiernos, porque suelen interponerse en sus prioridades. En algunos casos, como en Colombia —que ocupa el primer lugar en cantidad de crímenes de este tipo—, sus reclamos reciben alguna promesa retórica y la desidia estatal. En otros, como en México —que ha pasado de 15 asesinatos de activistas en 2015 a 30 en 2020—, el presidente asegura que el ecologismo ha sido alentado por el neoliberalismo y acusa a quienes se oponen a sus proyectos de “hipócritas” y “pseudoambientalistas”. En el peor escenario, como en Brasil, el presidente es un aliado activo de los intereses contra los que pelean y que los amenazan. En todos los casos, los resultados son similares: en 2020, el último año reportado por Global Witness, fueron asesinados 227 defensores de la tierra en el mundo. Más del 70% de los crímenes ocurrieron en América Latina.
Colombia: ‘Cada vez más atrapados’
Breiner David Cucuñame, un niño indígena ambientalista de 14 años, fue asesinado a balazos el 15 de enero mientras caminaba con su padre por las montañas de Buenos Aires, un pequeño pueblo del Cauca, al sur de Colombia, epicentro de la violencia y el narcotráfico desde hace décadas.
En su última fotografía se ve al pequeño Breiner sonriendo, en medio de un campo lleno de frailejones, una hermosa planta que nace en los páramos de Colombia y Venezuela, y tiene como función absorber y conservar en sus hojas el agua de la niebla. Las personas que lo conocían cuentan que disfrutaba la naturaleza y cuidaba de los ríos, los árboles y los animales. El día de su muerte, la guardia indígena de la comunidad Nasa, a la que Breiner pertenecía, lo despidió con estas palabras: “Cuidador de la Madre Tierra, guardián del territorio, niño protector de la vida”.
Breiner es solo uno de los más de 600 líderes ambientales que han sido asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, según cifras de la ONG Indepaz. De los ecologistas fallecidos, 332 eran indígenas, 75 afrodescendientes de consejos comunitarios protectores del territorio, 102 campesinos, 25 activistas en contra de la megaminería y 77 de Juntas de Acción Comunal.
Estas cifras han hecho que en los dos últimos años Global Witness haya catalogado a Colombia como el país más peligroso para los líderes ambientales en el mundo, por encima de México, Filipinas y Brasil. El último informe de la organización, publicado en septiembre del año pasado, revela que, de los 227 defensores del medio ambiente que murieron de forma violenta en el planeta en 2020, 65 eran colombianos.
De acuerdo con este reporte, el Cauca, el mismo departamento donde disidentes de las FARC mataron a Breiner, fue la región más peligrosa del país con 20 asesinatos, seguida del Chocó, con ocho, y Norte de Santander, con siete. ¿Las causas? Protegían la tierra, o trabajaban para sustituir cultivos ilegales, o se oponían a actividades mineras y proyectos de infraestructura. En muchas de las áreas más remotas del país, escribieron los investigadores, “paramilitares y criminales han aumentado su control a través de la violencia contra las comunidades rurales y ante la falta de acción estatal para protegerlos. Aquellos que buscan proteger su tierra y medio ambiente están cada vez más atrapados”.
La falta de protección estatal parece tener una explicación simple: la negación. En una entrevista reciente con la agencia EFE, el ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa, aseguró que “no es peligroso defender el ambiente en Colombia. Todo lo contrario”. Su argumento es que cada asesinato “que se ha presentado es un caso totalmente diferente”. Para Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia y ganadora del premio Goldman —considerado el Nobel de la ecología—, la violencia tiene un origen claro: “Hay un vínculo entre la violencia armada y el modelo de desarrollo económico, eso hace que sea el país con más líderes ambientales asesinados”.
El delito de defender la tierra en Centroamérica
Muy pocas veces Costa Rica ocupa los titulares de prensa internacional por casos de violencia: su estabilidad política, avances sociales y la protección de sus recursos han hecho que sea considerada la Suiza de Centroamérica. Sin embargo, el país atrajo la atención en marzo de 2019, cuando se conoció el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, un defensor de la tierra de la comunidad Yeri del suroeste del país. Rojas había acudido el 18 de marzo a la fiscalía de su localidad para denunciar las amenazas que había recibido por su labor y en busca de protección para él y sus compañeros indígenas Bribri. Sus temores se concretaron esa misma noche, cuando un grupo de hombres armados lo asesinó con siete tiros en su casa. Rojas había defendido su comunidad por más de 40 años y encabezaba un movimiento indígena que plantaba cara a los usurpadores de terrenos: grupos armados que invadían ampliar la ganadería u otras actividades de explotación intensiva de la tierra. Los Bribri habían sido por años el objetivo del odio de estos invasores, que los amenazaban, atacaban con armas y hasta incendiaban sus casas.
Con el asesinato de Rojas, Costa Rica pasó a formar parte de la tristemente célebre lista de países donde defender la tierra y los recursos es una condena de muerte: Global Witness ha marcado a Centroamérica como una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas. En 2020 fueron asesinados allí 32 ecologistas, con Honduras y Nicaragua convertidos en zonas rojas para quienes plantan cara a la voracidad por los recursos naturales. El caso más emblemático de la región ha sido el de Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, a 190 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña. La ecologista se había opuesto abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca, un proyecto que afectaría al río Gualcarque, una fuente de recursos vital para comunidades indígenas hondureñas. Cáceres movilizó a los indígenas, denunció el proyecto allá donde viajaba y atrajo la atención internacional. Por su lucha ecologista le fue otorgado el premio Goldman. Su asesinato generó una indignación global que puso los ojos sobre Honduras, y empujó al Estado a buscar justicia por el crimen de Cáceres. Pero nada de eso ha logrado frenar la violencia ni la impunidad: en 2020 se convirtió en el quinto país del mundo donde más activistas ambientales fueron asesinados.
Esa impunidad también afecta a los indígenas del Caribe de Nicaragua, un país donde el mismo año fueron asesinados 12 activistas. Las comunidades mayagnas han sufrido desde 2015 una ola de violencia que los ha marcado: los llamados colonos –invasores de tierra de las regiones mestizas– ocupan sus territorios para ampliar la ganadería o la siembra de la palma africana; muchas veces, según las denuncias de organizaciones de derechos humanos, con el visto bueno de las autoridades. Esos organismos han documentado 63 asesinatos de indígenas en los últimos siete años. Uno de ellos fue el líder mayagna Salomón López Smith, cuyo cuerpo fue encontrado en marzo pasado con signos de tortura: el cráneo destrozado, la piel separada del rostro, sin orejas, varios dedos mutilados, sin cabello, la columna fracturada y varios disparos en la espalda. Una brutalidad que es contracara de la indefensión que sufren en Centroamérica quienes se atreven a defender sus territorios y los recursos naturales.
Brasil, de Chico Mendes a Bolsonaro
El brasileño Chico Mendes, un recolector de caucho y sindicalista asesinado en 1988, se convirtió en uno de los primeros mártires de la lucha por la preservación ambiental. Treinta y cuatro años después, también en Amazonia, ha sido asesinado su compatriota Bruno Pereira, un experto indigenista cuyo cadáver fue localizado este miércoles tras 11 días desaparecido. Su muerte —junto a la del periodista Dom Phillips—, que ha dado la vuelta al mundo, reflejan que el paso de los años no ha eliminado el riesgo que supone defender el ambiente, las comunidades indígenas o la distribución de la tierra en Brasil.
Lo más grave del caso brasileño es que el actual presidente, Jair Bolsonaro, dirige una política de debilitamiento sistemático de los organismos de protección medioambiental y de los indígenas que, según los defensores de ambas causas, los han convertido en instrumentos a favor de los sectores que se enriquecen mediante la explotación ilegal de la selva tropical.
El caso de Bruno Pereira, de 41 años, es un ejemplo. Era un experimentado funcionario de la Fundación Nacional del Indio (Funai) que fue destituido en los primeros meses de este gobierno tras dirigir una megaoperación contra la minería ilegal. Un colega de la Funai que colaboró en el caso fue asesinado poco después. Pereira pidió una excedencia, convencido de que ese organismo creado para proteger a los indígenas se había desviado de su misión oficial. Siguió dedicado a preservar las tierras y el bienestar de los nativos pero ya no desde el Estado sino desde la sociedad civil, con la asociación Univaja, que aglutina a las siete etnias que viven en el valle de Yavarí. Allí fueron asesinados el indigenista y el periodista británico.