Las ejecuciones por pena de muerte en el mundo aumentan por cuarto año hasta su cifra más alta desde 2015

Laila Ghaemi murió ahorcada el pasado 2 de octubre después de ocho años en el corredor de la muerte en Irán, condenada por el asesinato de su marido, a quien estranguló cuando le encontró violando a su hija. La ejecución de Ghaemi fue una de las 972 que se perpetraron en ese país, una cifra un 14% mayor a la de 2023, cuando el régimen ajustició a 853 personas. Es uno de los países, junto con Arabia Saudí e Irak, donde más han subido estas muertes. La cifra total en el mundo se eleva a 1.518 en 2024, un 32% más que el año previo y la más elevada desde el pico de 2015, según el informe anual sobre la materia de Amnistía Internacional, publicado este martes. Y estas son las que se conocen porque la organización de derechos humanos calcula en “miles” las ejecuciones en China, que no aporta información fiable y dificulta cualquier tipo de confirmación independiente.

Desde que en 2015 se registró “la cifra excepcionalmente alta” de 1.634 ejecuciones, estas no habían dejado de caer. Hasta 2020. El año de la pandemia de la covid-19 supuso un punto de inflexión y los ajusticiamientos no han dejado de aumentar anualmente. “Esto se debe a que, con los confinamientos, se paralizaron las ejecuciones, no se llevaron a cabo juicios y la comisión de delitos disminuyó”, explica Beatriz Martos, responsable de campañas contra la pena de muerte de Amnistía Internacional.

Para la ONG, es particularmente alarmante caso de Irán. No solo es el país que más mujeres ajustició (30, según sus registros), sino que al menos el 52% de las ejecuciones conocidas (505) fueron de personas condenadas por delitos relacionados con drogas. “Supone la continuación de una preocupante tendencia al alza desde que las autoridades retomaron en 2021 una política en materia de drogas muy punitiva que ha intensificado su uso ilícito de la pena de muerte”, anotan los autores del estudio.

“En el mundo, el 42% de las ejecuciones son de condenados por delitos de drogas”, agrega Martos. “Es contrario al derecho internacional que únicamente permite imponer la pena capital a quienes cometan delitos graves, es decir, homicidios intencionales”, detalla. Sin embargo, en 2024, se ajustició a 637 personas por este motivo, un 25% más que en 2023, dice el informe. Y no son los grandes narcotraficantes quienes están detrás de estas cifras, apunta: “Penaliza de forma desproporcionada a la población empobrecida que encuentra en el menudeo una forma de salir adelante”.

Por su parte, Arabia Saudí duplicó sus ejecuciones de 172 en 2023 a 345 en 2024, lo que significa el mayor número en un año del que Amnistía Internacional tiene constancia. En Irak, se conocieron al menos 63 ajusticiamientos, cuatro veces más que los 16 del año previo, todos ellos de personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo.

Luces en las sombras

En el otro lado de la balanza, la ONG destaca que, por primera vez desde 2018, no se registraron ejecuciones en Bangladés en 2024, año en el que tomó las riendas del país el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, tras la abrupta salida de la que hasta entonces era la jefa del Gobierno, Sheikh Hasina, por fuerza represiva aplicada durante las manifestaciones estudiantiles del pasado verano. “Hay varias luces en las sombras en las que nos queremos fijar”, reconoce Martos.

En África subsahariana se produjo una tendencia “mayoritariamente positiva” en cuanto al uso de la pena de muerte, tras los retrocesos de 2023, dice el informe. Zimbabue abolió la pena de muerte para los delitos comunes. Por contra, las autoridades de República Democrática del Congo y Burkina Faso anunciaron planes para reanudar las ejecuciones y para restablecer la pena de muerte para delitos comunes, respectivamente. Nigeria tomó medidas para reintroducir la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. Con todo, las ejecuciones judiciales registradas en la región se redujeron en un 11%, ―de 38 en 2023 a 34 en 2024―, todas ellas con un único responsable: Somalia.

La liberación del japonés Iwao Hakamada, absuelto tras 45 años en el corredor de la muerte, y la conmutación de la pena capital del estadounidense Rocky Myers, son evidencias de que este tipo de condenas son “crueles, inhumanas y degradantes”, en palabras de Martos; además de contrarias al derecho internacional, apostilla. En el caso del primero, las secuelas en su salud mental son la prueba de ello, según la experta. “Y Myers tiene una discapacidad; está prohibido condenar a muerte a personas con discapacidad”, defiende.

“En 1977, cuando empezamos a hacer campaña, solo 16 países eran abolicionistas; hoy son 145 en la ley o en la práctica”, recalca Martos. Pero hay que “seguir” y no dar los logros por sentados, añade. La activista advierte que hay que mantenerse alerta con la deriva en Estados Unidos, donde el año pasado se ejecutó a 25 personas. “Joe Biden, antes de concluir su presidencia, conmutó el 93% de las condenas a muerte por delitos federales, pero los Estados ejecutores han subido de cinco a nueve, en Alabama se han triplicado las ejecuciones y creemos que las cifras pueden aumentar porque así lo ha dejado claro el presidente, Donald Trump, en sus discursos y narrativa reivindicando la pena de muerte como instrumento para proteger a la población ‘de violadores violentos, asesinos y monstruos”, zanja Martos.