¿Trump deportará migrantes a Libia? Lo que hay que saber

El último intento de la istración Trump de ampliar su controvertido programa de deportaciones ha provocado una fuerte respuesta tras conocerse que los migrantes bajo custodia de Estados Unidos estaban siendo preparados para su deportación a Libia, un país del norte de África con historial de abusos contra los derechos humanos. Los defensores de inmigrantes, un juez federal e incluso las autoridades libias han advertido de que tales traslados violarían tanto las normas legales como las éticas.

¿Deportaciones a Libia?

Según varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato con Reuters y Associated Press, el pasado 7 de mayo la istración Trump planeaba deportar a Libia a inmigrantes no libios en un vuelo militar estadounidense. Al parecer, entre las nacionalidades de los afectados había personas procedentes de Vietnam, Laos, Filipinas y México.

En los reportes se menciona el caso de la familia de Valentín Yah, un mexicano recluido en un centro de detención de Texas. Su familia afirma que se le presionó para que firmara documentos que consentían su deportación a Libia, aunque él pidió que se le regresara a México.

El Gobierno no ha aclarado cuántas personas podrían verse afectadas ni cuál es la base jurídica para deportar a personas a un país del que no son ciudadanos. Cuando se le preguntó sobre los informes de Libia, el presidente Donald Trump simplemente desvió la atención y dijo a los periodistas: “Tendrán que preguntar [al Departamento de] Seguridad Nacional”.

Intervención judicial

El fundamento jurídico de la medida no tardó en cuestionarse. El juez de distrito de Estados Unidos Brian Murphy, que ya había dictaminado en marzo que a los migrantes se les debe permitir una “oportunidad significativa” para impugnar la deportación a países no nativos, reafirmó que cualquier expulsión a Libia “violaría claramente la orden” de su tribunal. Rechazó los argumentos de que el Pentágono, y no el Departamento de Seguridad Nacional, podría llevar a cabo dichas expulsiones, bajo el pretexto de que la istración no podía eludir las órdenes judiciales al alternar responsabilidades entre departamentos.

Murphy también ordenó a la istración que presentara información sobre quiénes podrían verse afectados y las justificaciones legales de los planes de deportación. Además, afirmó que “no hay duda” de que dichas expulsiones violarían las órdenes judiciales que protegen a los inmigrantes de ser enviados a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Abogados presentaron mociones de emergencia para bloquear las expulsiones, con el argumento de que algunos detenidos fueron sometidos a tácticas coercitivas, como el aislamiento, para obligarlos a firmar exenciones de deportación. Según los letrados, al menos a seis detenidos en Texas se les dijo que su destino era Libia, a pesar de que ninguno tenía nacionalidad de ese país.

Libia responde

La medida provocó una rápida reacción diplomática en la propia Libia. Las dos istraciones rivales del país —el Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, reconocido por la ONU, y el Ejército Nacional Libio de Jalifa Haftar, que controla el este del país— negaron cualquier acuerdo con Estados Unidos para aceptar deportados.

“No habrá ninguna aceptación o recepción de ellos en los territorios asegurados por las Fuerzas Armadas Libias, cualesquiera que sean las razones y justificaciones”, afirmó el Ejército Libio en un comunicado.

El Gobierno del primer ministro Abdul Hamid Dbeibah en Trípoli recalcó que no se había producido “ningún acuerdo ni coordinación” y advirtió que se rechazaría cualquier intento de utilizar Libia como destino para migrantes procedentes de Estados Unidos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre acuerdos diplomáticos, mientras que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que “no puede confirmar” las informaciones de los medios de comunicación sobre el asunto.

Derechos humanos en Libia

El envío de migrantes a Libia representa una escalada en el enfoque de la istración Trump con respecto a las deportaciones a terceros países, que ya han implicado controvertidas expulsiones a El Salvador, Panamá y Costa Rica. En esos casos, los migrantes fueron enviados a países donde no tenían ciudadanía, familia ni protección legal.

Sin embargo, Libia destaca por su historial de violación a los derechos humanos. Diversos informes de Amnistía Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos e investigadores de la ONU han documentado abusos generalizados en los centros de detención de migrantes de Libia, como violencia sexual, tortura, ejecuciones extrajudiciales y trabajos forzados. En 2021, Amnistía describió las condiciones como “horripilantes”.

A pesar de ello, la istración Trump ha enmarcado las deportaciones a países como Libia como una forma de disuadir a los migrantes que buscan entrar a territorio estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró recientemente: “Cuanto más lejos (estén los migrantes) de Estados Unidos, mejor”, mientras que abogaba por nuevos acuerdos de deportación con países dispuestos a detener a migrantes en nombre de Estados Unidos.

Por ahora, el fallo judicial detiene cualquier expulsión inmediata, pero sigue sin estar claro hasta dónde está dispuesta la istración a llevar sus políticas de deportación, o si seguirá buscando acuerdos informales con regímenes inestables o abusivos.