Trump seguirá temporalmente al mando de la Guardia Nacional en Los Ángeles tras un fallo del Tribunal de Apelaciones

Comienza el largo tira y afloja judicial entre Donald Trump y California. Los jueces del Noveno Circuito de apelaciones han emitido la noche de este jueves un fallo de emergencia que suspende una decisión de un magistrado inferior de unas horas antes. La decisión significa que la istración seguirá temporalmente al mando de los militares enviados a Los Ángeles para asistir a las redadas del Gobierno y vigilar las protestas callejeras. Por la tarde, un juez federal había dado la razón al gobernador Gavin Newsom al determinar que Trump violó la Constitución al movilizar sin solicitud del Estado a 4.000 guardias nacionales y a 700 marines. Una nueva vista se celebrará el martes.

El fallo del juez Charles Breyer era un revés para el Gobierno de Trump, quien mantiene un pulso con Newsom, uno de los más relevantes gobernadores de la oposición. Pero Washington recurrió casi inmediatamente la decisión del juez. Así llegó a manos del Noveno Circuito, un territorio más favorable para el presidente republicano, quien nombró en su primera presidencia a dos de los tres juzgadores que conforman el . El tercero lo designó Joe Biden.

Con su orden de restricción, el juez Breyer devolvía a Newsom el control de la Guardia Nacional desde el mediodía del viernes. Este celebró la decisión del tribunal de distrito anunciando que iba a devolver a los guardias a sus actividades cotidianas como la vigilancia de la frontera con México, la lucha contra el tráfico de fentanilo y el apoyo al combate de los incendios forestales, que ya han comenzado a registrarse a lo largo de todo el Estado.

“Donald Trump debe trabajar con los límites de la Constitución, es lo que ha dicho esta tarde un tribunal. No es un rey, no es un monarca. Debe dejar de actuar como si lo fuera”, aseguró Newsom. En su cuenta en X, el mandatario celebró el fallo con una sola imagen, la explosión de la Nave de la Muerte, pues antes había comparado al presidente de Estados Unidos con el emperador Palpatine de la saga Star Wars.

California acudió a los tribunales el lunes con la esperanza de que el poder judicial frenara la militarización de sus calles ordenada por Washington. El argumento utilizado fue que la Constitución brinda a los Estados el poder sobre sus fuerzas de seguridad, a menos que estos soliciten al Gobierno que tome el control. “La Constitución y nuestras leyes limitan estrictamente el uso interior de los militares, incluida la Guardia Nacional”, aseguraba la demanda.

El fiscal general de California, Rob Bonta, argumentó que la Ley conocida como Posse Comitatus prohíbe a los cuerpos militares hacer tareas de fuerzas de seguridad civiles como los de las policías. “Esta autoridad se reserva para circunstancias muy específicas, las cuales no se cumplen ahora”, señala en la demanda, de 22 páginas. Los límites a la acción de las fuerzas armadas en suelo estadounidense, dicen los letrados, se remontan a los tiempos de los padres fundadores, quienes “desconfiaban de los gobiernos militares”.

El fiscal Bonta acusó a la istración de agravar la situación con el movimiento de tropas. “Desde que el presidente anunció su plan, la situación ha escalado rápidamente y el malestar en las calles ha crecido, lo que ha llevado al cierre de vías y ha puesto a la gente en peligro”, dijo el lunes. Al día siguiente, la alcaldesa Karen Bass decreto el toque de queda en parte del centro para asfixiar las protestas y reducir el vandalismo que dejó decenas de pintas de grafiti y comercios saqueados.

Esta era la demanda número 24 que California presenta contra del Gobierno en la segunda presidencia de Trump. Este jueves, las autoridades estatales presentaron la 25 por la revocación de Washington del plan local para acelerar la transición a los coches eléctricos.

El fiscal Bonta subrayó que el gobernador sabe cómo pedir el apoyo federal. Newsom solicitó ayuda a la Guardia Nacional a comienzos de 2025 para apoyar a las autoridades locales tras los incendios en Los Ángeles y lo hizo también en el verano de 2020, cuando las movilizaciones sociales por el asesinato de George Floyd amenazaron el orden público. “Esta es la primera vez desde 1965 en las que un presidente ha activado a la Guardia sin que lo solicite un gobernador”, añadió Bonta.

La istración de Trump calificó el miércoles la demanda de Newsom de “ardid político”. Los abogados del Gobierno sostienen que Trump movilizó a los militares invocando poderes de emergencia discrecionales, con los que no es necesario que un Ejecutivo estatal dé el visto bueno al uso de tropas en su territorio. “Este estatuto [el título 10] empodera al presidente para que este determine qué fuerzas considera él que son necesarias para suprimir una rebelión o para ejecutar las fuerzas armadas”, aseguran. Los letrados dicen que no darle la razón al Ejecutivo en este caso es un hecho “peligroso” y “sin precedentes”.

El juez Charles Breyer, un magistrado que llegó al cargo nombrado por Bill Clinton, dio sin embargo la razón a California. “Los denunciantes han probado en su argumento que la invocación del presidente no fue legal, pues se ha excedido en su autoridad violando el Título 10″, señala el juez. Este se había negado el martes a emitir un fallo de emergencia a petición de Newsom y aplazó la audiencia para este jueves, después de escuchar los argumentos de las partes durante 70 minutos.

Los militares que ya han llegado a la ciudad están desperdigados en ocho puntos de la vasta geografía angelina. Más que en movimiento, están estáticos custodiando un puñado de edificios federales. Casi 150 elementos están vigilando las instalaciones de Seguridad Interior en la ciudad de Paramount, cerca de donde se registraron protestas el sábado contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Unos 300, el grupo más nutrido, están cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Un centenar está acompañando a elementos del ICE mientras estos cumplen con órdenes de aprehensión de indocumentados sobre los que penden fallos de deportación. Y unos 32 están en Santa Ana, en el condado de Orange. Todos ellos conocerán un nuevo destino una vez que se agote el largo camino judicial que le queda por recorrer a este caso.