Cómo no perderse en el laberinto judicial sobre las deportaciones a El Salvador, el ‘parole’ y otras medidas migratorias

Mucho se ha debatido en las últimas semanas sobre si Estados Unidos se encamina hacia una crisis constitucional, a medida que la istración de Donald Trump choca repetidamente con los tribunales por sus políticas migratorias. La batalla entre los dos poderes llegó a un punto crítico el pasado fin de semana, cuando el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno que no deportara a más inmigrantes a El Salvador en virtud de una ley de 1798 prevista para tiempos de guerra. El bloqueo es temporal, al igual que otras suspensiones emitidas por tribunales inferiores. Como la de una jueza de Boston que detuvo la desaparición del parole, o las de varios jueces de todo el país que impidieron la entrada en vigor de un decreto para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Las constantes idas y venidas entre los tribunales y el Gobierno han dejado un panorama judicial confuso, un laberinto difícil de navegar, especialmente para los cientos de miles de inmigrantes afectados por las medidas que están siendo discutidas. Estos son algunos de los frentes abiertos entre el poder judicial y el Ejecutivo de Trump en materia migratoria y su estado actual.

Deportaciones a El Salvador

El frente más mediático es el de las deportaciones a El Salvador. Desde que el Gobierno envió a más de 250 inmigrantes a una mega cárcel en el país centroamericano a mediados de marzo, las cortes han intervenido repetidamente para impedir que el presidente vuelva a hacerlo. Incluyendo el Tribunal Supremo, que en una decisión publicada la madrugada del 19 de abril, prohibió la expulsión a suelo salvadoreño de un grupo de venezolanos detenidos en Texas mientras su caso se analiza en los tribunales.

El caso se remonta a la noche del 15 de marzo, cuando la istración Trump deportó a 238 venezolanos y 23 salvadoreños tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, que permite la expulsión acelerada de extranjeros considerados una amenaza por las autoridades. Todos los deportados fueron acusados de pertenecer a dos pandillas latinoamericanas que el Gobierno ha designado como organizaciones terroristas, la venezolana el Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13, y trasladados al Cecot, la prisión de máxima seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunciada por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos de los reclusos. Ninguno de los expulsados pasó por delante de un juez antes de su deportación.

Aquella noche, un magistrado federal ordenó que se detuvieran las deportaciones y se dieran la vuelta a los aviones que se dirigían a El Salvador. Sin embargo, los vuelos continuaron su curso y aterrizaron en San Salvador al día siguiente. Un mes después, el 16 de abril, el juez de distrito James Boasberg, del circuito de Washington, determinó que el Gobierno había desoído su orden “deliberada y alegremente” y que, por tanto, existía causa probable para declarar a la istración en desacato criminal. Boasberg advirtió que podría remitir el asunto para su enjuiciamiento si la istración no “purga” su desacato en las próximas semanas. Sugirió que el Gobierno podría hacerlo devolviendo a la custodia estadounidense a los migrantes que permanecen El Salvador para que “puedan acogerse a su derecho a impugnar su expulsión”. Algo que el Gobierno ya ha negado que vaya a hacer.

Caso Abrego García

Las historias de los deportados a El Salvador han acaparado los titulares durante las últimas semanas. Sus familias y abogados han salido a defender su inocencia y reclamar su retorno, mientras que varias investigaciones han revelado que la gran mayoría de los expulsados carecían de antecedentes penales cuando fueron detenidos por las autoridades de inmigración, engrilletados y enviados al Cecot. Sin embargo, una historia en particular ha resonado más que cualquier otra, convirtiéndose en símbolo de las otras 200: la de Kilmar Abrego García.

El salvadoreño de 29 años fue deportado a su país natal en lo que el Gobierno ha itido que fue un “error istrativo”, ya que el hombre contaba con una orden judicial de 2019 que prohibía que fuera enviado de vuelta a El Salvador porque podría ser objeto de persecución por las pandillas locales. Tras su expulsión, una jueza federal de Maryland ordenó su regreso a Estados Unidos el 4 de abril, decisión que el Tribunal Supremo confirmó el día 10. Sin embargo, la istración Trump sostiene que no puede hacer nada por traerlo de vuelta porque está detenido en un país extranjero cuyas autoridades se niegan a liberarlo.

A la justicia, no obstante, no le convence ese argumento. El 17 de abril, un tribunal federal de apelaciones dijo que la afirmación de la istración Trump de que no puede hacer nada para liberar a Abrego García era “escandalosa”. Además, la corte se negó a suspender la decisión de la jueza a cargo del caso, Paula Xinis, de ordenar que funcionarios del Gobierno declaren bajo juramento para determinar si cumplieron con su instrucción de facilitar el regreso de Abrego García.

De acuerdo con la última orden de la magistrada de distrito Xinis, del circuito de Maryland, la istración tiene hasta fin de mes para proporcionar información y pruebas sobre lo que ha hecho para traer al hombre de vuelta. De momento, las respuestas que la jueza ha recibido no han sido suficientes, según indicó este martes. Xinis acusó al Gobierno de intentar “obstruir” a su tribunal y reprendió al Gobierno por haberle dado hasta ahora respuestas que considera “vagas” y “evasivas”.

Parole

Hasta este momento, el medio millón de inmigrantes que cuentan con un parole humanitario están protegidos de la deportación, después de que una jueza federal sentenciara que el Gobierno no puede acabar con el programa. La magistrada de distrito de Boston Indira Talwani dictaminó el 15 de abril que la suspensión masiva de paroles no puede llevarse a cabo sin que el Gobierno revise cada caso individualmente.

La istración Trump planeaba dejar sin estatus legal el 24 de este mes a 532.000 venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que entraron al país bajo el programa puesto en marcha por el expresidente Joe Biden. El demócrata empleó esta protección legal —una especie de libertad condicional migratoria— para disuadir la inmigración irregular. Gracias al programa, miles de personas pudieron inmigrar de forma legal y recibir un permiso de trabajo de dos años.

Trump pausó el programa en enero, suspendió las renovaciones y canceló el trámite de nuevos permisos. Pero su istración todavía busca hacerlo desaparecer por completo y expulsar del país a sus beneficiarios. Ya había enviado algunas advertencias de deportación a algunos beneficiarios cuando la jueza Talwani echó el freno. Por ahora, el Gobierno no ha respondido.

TPS

Otro programa con el cual Trump ha intentado acabar es el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). De momento, los planes del Gobierno de poner fin al TPS de 520.000 de haitianos siguen en pie. La istración anunció a finales de febrero que los inmigrantes procedentes de Haití que cuenten con este estatus, gracias al cual también tienen un permiso de trabajo temporal, se quedarán sin ambos a partir del 3 de agosto de este año y podrán ser deportados.

El TPS es un programa designado a extranjeros cuyos países sufren condiciones extraordinarias y temporales de inseguridad, socioeconómicas y humanitarias, como las derivadas de un conflicto armado o un desastre natural. No ofrece una vía para conseguir la nacionalidad estadounidense. El TPS se puso por primera vez a disposición de los haitianos en 2010, tras el terremoto de ese año. Posteriormente, sucesivos Gobiernos ampliaron el programa.

El programa también beneficia a cientos de miles de venezolanos. Para 350.000 de ellos, un juez federal de distrito del norte de California suspendió la decisión del Gobierno de revocarles el TPS. Días antes de que entrara en vigor la cancelación del programa, el magistrado Edward M. Chen dijo el 31 de marzo que tal terminación era ilegal. Luego, el 18 de abril, un tribunal federal de apelaciones denegó una solicitud del Gobierno de suspender la orden de Chen. Esto significa que, por ahora, las protecciones para este grupo —así como para otros 250.000 venezolanos cuyo TPS expiraba en septiembre— se extenderán hasta octubre de 2026.

Ciudadanía por nacimiento

Trump también quiere deshacerse del derecho a la ciudadanía por nacimiento, recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Ratificada en 1868, dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. El presidente sostiene que esa cláusula no es aplicable en casos en los que la madre del menor nacido en Estados Unidos se encuentre en el país de forma ilegal o bajo un permiso temporal y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento de dicha persona. En su primer día en el cargo, firmó un decreto para derrocarla.

Una veintena de Estados interpusieron una serie de demandas para frenar la entrada en vigor del decreto al considerarlo inconstitucional. Hasta la fecha, cuatro jueves federales —de Massachusetts, Maryland, el Estado de Washington y Nuevo Hampshire— le han dado la razón y han bloqueado la medida. Ante este panorama, el Gobierno elevó el caso al Tribunal Supremo, cuyos jueces anunciaron el 17 de abril que lo itirían por la vía rápida, sin esperar a que pase por otros tribunales inferiores. Los argumentos orales tendrán lugar el 15 de mayo.