Migrantes deportados hacia Sudán del Sur permanecerán en Yibuti las próximas dos semanas

Ocho migrantes que fueron deportados esta semana hacia Sudán del Sur permanecerán ahora en Yibuti, un pequeño país africano, luego de que un juez federal asegurara que, con este caso, la istración Trump había incumplido una orden judicial emitida por él. Dicho documento, firmado en marzo pasado, bloqueó temporalmente al Gobierno la posibilidad de deportar a migrantes hacia países distintos al suyo, sin antes proporcionarles un aviso y haberles permitido buscar la protección de sus derechos humanos. La mayoría de los migrantes ahora retenidos en Yibuti son latinos y asiáticos, solo uno de ellos es sursudanés.

“Las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en este caso violaron incuestionablemente la orden de este tribunal”, había dicho el juez Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, después de que un avión despegara desde Texas el martes con los migrantes a bordo. “Fue imposible que estas personas tuvieran una oportunidad significativa para objetar su traslado a Sudán del Sur”, señaló el magistrado, haciendo referencia a que el plazo de 17 horas que tuvieron los detenidos antes de abordar el vuelo fue, según su consideración, “clara e innegablemente” insuficiente para que aran a sus abogados y a sus familiares. Murphy también señaló que podía considerar penalizar a funcionarios del Gobierno por desacato.

El juez ordenó igualmente que estos migrantes “recibieran una entrevista privada por temor razonable, con la oportunidad de contar con la presencia de un abogado de su elección”. De esta manera, según Murphy, recibirán el a sus derechos que debían haber recibido en Estados Unidos. Para ello, dio un plazo de 15 días, durante los cuales se reabrirán los procesos migratorios de los deportados.

Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó este jueves que el avión permanecerá en Yibuti al menos durante las próximas dos semanas para cumplir con la orden judicial. “Ahora el juez Murphy está obligando a los funcionarios federales a permanecer en Yibuti durante más de dos semanas, amenazando nuestras relaciones diplomáticas con países de todo el mundo y poniendo en peligro las vidas de los agentes al tener que estar con estos asesinos ilegales, criminales y violadores”, consideró Leavitt. También expresó que las decisiones del juez son una “extralimitación judicial masiva” y un intento de “traer estos monstruos de regreso a nuestro país”.

Por otra parte, el DHS emitió un comunicado el miércoles en el cual asevera que estas personas “tenían órdenes de deportación firmes”. También los describió como “los peores entre los peores” y expuso sus rostros y antecedentes penales. Se trata de ocho hombres acusados de delitos graves como homicidio, robo a mano armada y agresión sexual, según el Gobierno.

“Es absurdo que un juez activista intente obligar a Estados Unidos a repatriar a estos monstruos singularmente bárbaros que representan una amenaza clara y presente para la seguridad del pueblo”, manifestó al respecto la subsecretaria de Asuntos Públicos, Tricia McLaughlin. Además, calificó el fallo de Murphy como “desquiciado” y añadió que “estos individuos depravados ya tuvieron su oportunidad en los tribunales”. “El presidente Trump y la secretaria Noem trabajan a diario para expulsar a criminales despiadados de nuestro país, mientras que jueces activistas luchan por traerlos de vuelta a suelo estadounidense”, agregó McLaughlin.

Sudán del Sur se encuentra actualmente en una crisis política que ha desatado inestabilidad y violencia. De hecho, el Departamento de Estado alentó a los estadounidenses a que no viajen a esa nación africana “debido al crimen, el secuestro y el conflicto armado”. En una conferencia de prensa, McLaughlin señaló que ningún otro país del mundo quería aceptar a los migrantes en cuestión “porque sus crímenes eran excepcionalmente bárbaros”.