La jueza sienta en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez pese a la oposición de la Fiscalía

Varias decisiones judiciales en cuestión de minutos. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido este jueves sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas acusados de los delitos de prevaricación istrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa en la Diputación pacense. La magistrada ha dictado el auto de apertura de juicio oral tan solo 16 minutos después de haber rechazado los recursos presentados por varios acusados, que, como la Fiscalía, habían pedido el archivo de la causa al considerar que esta se sustenta únicamente en “conjeturas”.

En el auto, la magistrada destaca que el escrito presentado por las acusaciones populares —que lidera el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra— en el que piden tres años de cárcel para el familiar de Pedro Sánchez es suficiente para mandar al banquillo a los procesados sin necesidad de esperar a que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos de apelación que han presentado los procesados. “La acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”, recalca en su resolución, contra la que no cabe recurso.

La decisión de la jueza Biedma de sentar en el banquillo a los 11 procesados se produce solo unos días después de que Gallardo, que, además de secretario general de los socialistas extremeños, es presidente de la Diputación de Badajoz, anunciase su decisión de abandonar este puesto e incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura. El acta lo recogió este miércoles poco después de la una de la tarde, según fuentes socialistas. Desde ese momento, el secretario general del PSOE en la región tiene la condición de aforado y, por tanto, cualquier investigación judicial contra él tendría que pasar a Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El dirigente rechazó el pasado viernes, cuando anunció esta decisión, que ese fuera su objetivo e insistió en que daba ese paso porque la Cámara regional era el mejor lugar “para combatir al Gobierno” de la popular María Guardiola. La decisión de la magistrada de abrir juicio oral contra él plantea dudas de si, finalmente, seguirá los pasos de los otros 10 procesados y se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial o pasará al órgano judicial superior. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia.

En casos recientes, como el del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez o el senador del PP José Manuel Baltar, el Tribunal Supremo asumió la competencia para juzgarles aunque adquirieron la condición de parlamentarios (y con ella el fuero) después de que un juez hubiera ya dictado la apertura de juicio oral. Con estos antecedentes, lo previsible es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se declare competente para actuar contra Gallardo. En ese caso, tendrán que decidir si eso les lleva también a asumir la causa para el resto de procesados, incluidos el hermano de Sánchez, o se quedan solo con el aforado y los demás se mantienen en un juzgado de lo penal.

En el auto que dictó el pasado 28 abril y en el que daba el primer paso para sentar en el banquillo al hermano del presidente, la magistrada concluía que el proceso por el que David Sánchez consiguió el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó “sin cumplir los requisitos constitucionales”. También atribuía al familiar de Pedro Sánchez haber “utilizado influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

La jueza añadía que el hermano del presidente también logró “que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente” en uno de sus proyectos y que entonces trabaja en el Palacio de La Moncloa, Luis Carrero, “fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”. El auto propone por estos hechos también juzgar a Carrero tras concluir que se creó de manera intencionada el puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas para que lo ocupara él como finalmente así fue.

Sobre el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, la jueza mostraba su convencimiento de que participó “directamente en los hechos” al concluir que era “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no estuviera informado de la creación del puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” a este. La magistrada destacaba que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”.